Con 140 votos a favor, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto que obliga al Poder Ejecutivo a obtener la aprobación del Congreso en 90 días para validar los decretos de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa retrocede la sanción ficta y amplía el control legislativo, aunque el Gobierno anticipa un veto presidencial.
En una sesión especial, la oposición logró imponer cambios significativos en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que limitan la potestad del presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados aprobó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones una reforma que cambia la ley 26.122, que regula el tratamiento legislativo de los DNU.
Esta normativa establece que el Congreso tiene un plazo de 90 días corridos desde la publicación del decreto para pronunciarse sobre su validez. Si no existe pronunciamiento o si alguna de las cámaras rechaza el decreto, este pierde vigencia automáticamente.
Esta modificación revierte el mecanismo vigente desde 2006, que permitía la “sanción ficta” por silencio del Parlamento, beneficiando al Ejecutivo.
La iniciativa amplía el poder del Congreso para vetar decretos con mayoría en una sola cámara, una demanda largamente reclamada por la oposición.
Este cambio establece una fricción inédita para el Poder Ejecutivo en contextos de minoría parlamentaria, forzando a la Presidencia a negociar mayorías para avanzar en su agenda.
El gobierno advirtió que esta reforma genera “inseguridad jurídica” y un desequilibrio de poderes que podría derivar en “una democracia parlamentaria” donde el Congreso controle todas las decisiones y el Ejecutivo quede limitado.
El oficialismo calificó la ofensiva opositora como “desestabilizante” y anticipó su intención de vetar la ley. En cambio, la oposición destacó que el objetivo no es impedir la potestad presidencial, sino evitar el abuso sistemático de los DNU como herramienta para evitar el debate con el Congreso.
Voces opositoras remarcaron que gestores políticos de todos los signos han abusado históricamente de esta figura, haciendo necesaria una corrección. Por ejemplo, el diputado Miguel Pichetto sostuvo que el abuso de vetos y DNU representa “una visión limitada de la democracia”.
Por otro lado, sectores del radicalismo estuvieron divididos. Algunos apoyaron la reforma, mientras que otros, como Rodrigo De Loredo, rechazaron la inmediatez de su aplicación argumentando que afectará la gobernabilidad de un Ejecutivo con poca representación parlamentaria.
La sesión estuvo atravesada por tensiones políticas, especialmente en torno al diputado José Luis Espert, quien fue involucrado en una investigación internacional por vínculos con una estructura de narcotráfico y lavado de activos.
Espert presentó un pedido de licencia hasta diciembre, lo que impidió que fuera removido del cargo pese a las presiones opositoras.
El quórum fue alcanzado gracias al respaldo mayoritario de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, radicales de Democracia y la Coalición Cívica.
Ausencias notables provinieron de legisladores de ciertas provincias cuyos gobernadores prefirieron no participar.
El proyecto, tras esta aprobación en Diputados, regresará al Senado para su sanción definitiva. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ya anunció que vetará la ley, lo que abrirá un escenario de confrontación política y posiblemente judicial.
La reforma plantea un cambio estructural en la relación entre el Congreso y la Presidencia, con un mayor control parlamentario sobre el uso de decretos de urgencia, herramienta que el Gobierno actual ha utilizado frecuentemente para avanzar en decisiones clave.
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