El ejército estadounidense lanzó tres ataques en aguas internacionales del Pacífico, que dejó la muerte de 14 tripulantes y la búsqueda aún activa de un posible superviviente, en el marco de una campaña contra organizaciones narcotraficantes. La operación, sin respaldo del Congreso, ha generado controversia y tensión regional.
Este martes, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, anunció en X que las operaciones del lunes se realizaron contra cuatro embarcaciones que navegaban en alta mar.
Según Hegseth, las lanchas transportaban drogas y sus tripulantes serían integrantes de “organizaciones terroristas designadas”, sin ofrecer pruebas concretas. Se reportó que en uno de los ataques murieron ocho personas, en otro cuatro, y en un tercero dos, con un sobreviviente todavía en búsqueda.
México participa en la búsqueda del posible superviviente, ubicado a unos 800 kilómetros de la costa de Acapulco. La Secretaría de Marina (Semar) inicialmente indicó que ya tenían en su poder a la persona, pero posteriormente aclaró que la búsqueda continúa sin confirmación de su rescate.
Desde septiembre, estas operaciones más las anteriores han acumulado 14 embarcaciones destruidas en el marco de una ofensiva sin precedentes por parte del gobierno de EE.UU, que justifica su accionar en una supuesta lucha contra el narcotráfico en el Área de Seguridad del Comando Sur.
Según cifras, han fallecido al menos 57 civiles en estos ataques y se han registrado al menos dos supervivientes.
Washington incluye desde hace años en su lista de organizaciones terroristas a grupos como el Tren de Aragua en Venezuela, carteles mexicanos como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y otros ligados a la guerrilla de las FARC y el ELN en Colombia, considerados actores clave en la región.
El ejercicio de acciones extrajudiciales en aguas internacionales se realiza en un contexto de tensión diplomática. La retórica del gobierno estadounidense, que parece haber tomado el relevo de Donald Trump en la divulgación de estos ataques, refuerza una percepción de ofensiva unipolar contra el narcotráfico y el terrorismo, en su mayoría sin respaldo formal del Congreso.
El despliegue militar en la región es notable: decenas de buques de guerra, incluido un submarino nuclear, y 10 mil tropas en la zona, con el portaaviones Gerald Ford movilizado al Caribe para reforzar la presencia estadounidense, en una escalada de fuerza sin precedentes.
El secretario Hegseth afirmó que estos narcoterroristas han causado más muertes en EE.UU. que organizaciones como Al Qaeda y anunció la intención de rastrear y eliminar a estos actores.
La administración estadounidense sostiene que estas acciones buscan proteger a su población frente a la crisis provocada por drogas como el fentanilo, responsable de un alto porcentaje de muertes por sobredosis.
Mientras tanto, el Congreso discute un proyecto de ley que podría detener esta ofensiva, incluyendo la posible retirada del despliegue militar en Venezuela, en medio de una escalada que podría tener efectos más amplios en la estabilidad regional.
Las operaciones en el Pacífico reabren el debate sobre la legalidad y las consecuencias de la acción unilateral en aguas internacionales.
La búsqueda de justificar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes termina enfrentándose a cuestionamientos sobre respeto a la soberanía y derechos humanos, en un escenario donde las decisiones militares parecen ampliar la frontera del conflicto.
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