El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acuerdo para eliminar el 8% de retenciones que gravaban las exportaciones de petróleo convencional.
El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acuerdo para eliminar el 8% de retenciones que gravaban las exportaciones de petróleo convencional.
Con este pacto, se busca generar mayor previsibilidad en un sector que ha visto caer su producción y que es clave para la economía regional y nacional. La baja fiscal acordada también implica un costo fiscal para el Estado que se compensa con mayores expectativas de desarrollo.
En una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se acordó la eliminación del 8% de retenciones para las exportaciones de petróleo convencional.
Chubut complementará esta medida con una reducción de sus regalías del 12% al 8%, buscando fomentar la inversión y el empleo en la región.
Las empresas petroleras se comprometieron a colaborar activamente mediante la reactivación de pozos y la mejora en la eficiencia operativa para sostener la producción. Esta alianza público-privada refleja un trabajo conjunto orientado a optimizar la producción en una de las provincias más afectadas por la presión fiscal histórica.
Se calcula que el beneficio fiscal para Chubut superará los 370 millones de dólares, mientras que el costo para las arcas nacionales rondará los 73 millones de dólares anuales.
La medida se direcciona a frenar la caída del 4% anual que registra la producción convencional, frente al crecimiento del 27% en el área de producción no convencional, especialmente en Vaca Muerta, Neuquén.
Este equilibrio apunta a preservar la base productiva tradicional que genera empleo directo e indirecto, dotando de mayor estabilidad a un sector vital para el desarrollo local y la economía argentina en general.
Si bien el acuerdo sienta un precedente para futuras negociaciones con otras provincias petroleras, su éxito dependerá del compromiso sostenido de todas las partes. Además, la medida expone la necesidad de diseñar una política fiscal clara y predecible que garantice tanto la sustentabilidad de las finanzas públicas como la competitividad del sector energético.
Queda abierta la interrogante sobre cómo se equilibrará la reducción impositiva con la necesidad de recursos para los estados provinciales y la inversión pública, un desafío que requerirá seguimiento y ajustes continuos.
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