Caracas rechazó categóricamente el anuncio de Washington, denunciando una violación a la soberanía y a la Carta de la ONU. Advierten que la medida paraliza los vuelos de repatriación de migrantes y llamaron a la comunidad internacional a condenar la amenaza de uso de fuerza.
La crisis diplomática entre Caracas y Washington escaló a un nuevo nivel este sábado. El Gobierno de Venezuela emitió un duro comunicado en el que calificó como una “agresión extravagante” la decisión de Estados Unidos de imponer un cierre total sobre el espacio aéreo del país caribeño.
La reacción oficial surge horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a través de la red social Truth Social a “aerolíneas, pilotos y traficantes” que los cielos venezolanos permanecerían clausurados.
Desde el Palacio de Miraflores, las autoridades rechazaron el intento de la Casa Blanca de “aplicar extraterritorialmente” su jurisdicción, afirmando que tal pretensión no tiene asidero legal y constituye una amenaza directa a la integridad territorial.
La defensa venezolana se apoyó en el derecho internacional para deslegitimar la orden de Trump. El comunicado oficial señala que las declaraciones estadounidenses equivalen a una “amenaza implícita de uso de la fuerza”, acción prohibida taxativamente por el Artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, argumentaron que la medida contradice el propósito de preservación de la paz y seguridad internacionales estipulado en el Artículo 1 del mismo organismo.
Venezuela recordó además la vigencia del Convenio de Chicago de 1944, norma rectora de la aviación civil, que establece que cada Estado ejerce soberanía exclusiva y absoluta sobre el espacio aéreo que cubre su territorio. Bajo esta premisa, Caracas reiteró que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias” de ningún poder extranjero.
Un punto crítico señalado por la Cancillería es el efecto humanitario inmediato de la medida. Según informaron, el bloqueo aéreo afecta la continuidad de los vuelos de migrantes venezolanos que son deportados desde Estados Unidos y regresan al país en calidad de repatriados, complicando aún más la situación migratoria bilateral.
Finalmente, el texto concluye con un llamado urgente a la ONU y a los “gobiernos soberanos del mundo” para rechazar con firmeza lo que definieron como un acto de “agresión inmoral”, advirtiendo que esta acción pone en riesgo la seguridad de toda la región del Caribe y el norte de Sudamérica.
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