La Corte Suprema de Justicia ordenó el traspaso de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, en la causa Ruta del Dinero K. El proceso, notificado esta semana al Tribunal Oral Federal 4, transfiere fondos de subastas y dinero en efectivo a cuentas del máximo …
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comenzó el proceso formal para que la Justicia de primera instancia transfiera al Estado Nacional la suma de U$D 60 millones.
Estos activos fueron decomisados al empresario Lázaro Báez en el marco de la resonante causa conocida como la “Ruta del Dinero K“. Con esta acción, el máximo tribunal del país ratificó la sentencia de decomiso, constituyendo un hito significativo en los expedientes de corrupción de alto impacto.
La decisión de la CSJN impulsa la tramitación ante el Tribunal Oral Federal 4, que fue el encargado de llevar adelante el juicio principal.
El objetivo de la Corte es acelerar la transferencia de los fondos ya incautados para su inmediata incorporación al patrimonio del Estado, según confirmaron fuentes judiciales. Los recursos provienen de cuentas y bienes pertenecientes a Báez y a sus sociedades que fueron objeto de la medida de decomiso.
El avance judicial materializa la aplicación de la figura de decomiso, una herramienta legal que permite al Estado despojar a los involucrados de los bienes que fueron obtenidos mediante actividades ilícitas. En este caso específico, el dinero fue vinculado directamente a un esquema de lavado de activos cuyo origen fue la adjudicación irregular de obras públicas.
Si bien el monto de sesenta millones de dólares no representa la totalidad del patrimonio investigado al empresario, sí constituye una parte fundamental de los fondos judicializados en este expediente. La intervención de la Corte no solo ratifica la pérdida patrimonial para Báez, sino que establece un precedente relevante sobre la aplicación y firmeza de las sentencias de decomiso.
La incorporación de esta importante cifra a las arcas estatales abre la discusión sobre la asignación final de los recursos. Aunque la acción actual es un trámite formal de transferencia, la normativa vigente establece que los fondos decomisados deben ser destinados a políticas de interés social. Entre los posibles destinos se encuentran programas de salud, educación o la mejora de equipamiento para la seguridad.
En el desarrollo de la causa se determinó que la compleja estructura financiera utilizada por Báez tenía como fin reingresar al mercado formal dinero de procedencia ilícita, utilizando para ello una red de sociedades y cuentas en el exterior.
Con la ejecución de la sentencia, los U$D 60 millones serán puestos a disposición de las autoridades para su afectación, cerrando el ciclo de la corrupción con la reparación a la sociedad.
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