La Fiscalía peruana solicitó ocho años y medio de prisión para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por colusión con Odebrecht en 2004-2005. Se le acusa de favorecer a la constructora en la concesión del proyecto vial IIRSA Norte, causando un perjuicio de u$s108 millones. El exmandatario niega los cargos.
La vida del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se mantiene bajo escrutinio judicial desde su dimisión en 2018 en medio de acusaciones de corrupción. Este jueves, el Ministerio Público ha formalizado una grave acusación en su contra por el delito de colusión, solicitando una pena de ocho años y medio de prisión efectiva.
La investigación se centra en el periodo entre 2004 y 2005, cuando Kuczynski (economista peruano-polaco) se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas (MEF) y presidente de ProInversión (la agencia promotora de inversión). La Fiscalía alega que PPK utilizó su influencia para beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht con la concesión del proyecto vial del Eje Multimodal Amazonas Norte (IIRSA Norte), una megaobra de conexión entre la costa y la Amazonía.
El caso IIRSA Norte representa un daño económico para el Estado peruano superior a los 108 millones de dólares. Las pesquisas indican que PPK sostuvo múltiples encuentros con Jorge Henrique Simoes Barata, el representante de Odebrecht en Perú, los cuales culminaron en la adjudicación y firma del contrato de concesión. La acusación de colusión se extiende a miembros del consejo directivo de ProInversión, para quienes se solicitan hasta nueve años de cárcel.
La representación legal de PPK rechaza enfáticamente cualquier acuerdo bajo la mesa con el ejecutivo brasileño y califica la acusación de “débil”. El abogado Julio Midolo declaró al diario El Comercio que lo único conocido en la investigación es una declaración de Barata que apunta a un supuesto pacto con el expresidente Alejandro Toledo, sin mencionar en “ningún extremo” a Kuczynski ni a los otros miembros de ProInversión.
El exmandatario, de 87 años, había rechazado horas antes cualquier imputación, afirmando que “No hay un solo testigo que diga que trataron de influenciarme con plata”. PPK es señalado de liderar una red criminal que habría recibido 12 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, disfrazados como honorarios por consultorías y asesorías corporativas.
En abril de 2019, se le dictó prisión preventiva por 36 meses. No obstante, debido a sus problemas cardíacos, Kuczynski no fue enviado al penal de Barbadillo (donde están recluidos otros exmandatarios como Castillo, Vizcarra, Toledo y Humala), sino que cumplió la medida bajo arresto domiciliario en su residencia de San Isidro, Lima. En 2022, la medida se modificó a comparecencia con restricciones.
Pese a los constantes problemas legales que lo aquejan (incluyendo una detención en el aeropuerto en junio pasado y 18 meses de impedimento de salida del país por riesgo de fuga), PPK ha manifestado su intención de alargar su vida pública. Ha anunciado que se postulará al Senado en las elecciones generales de 2026, con el respaldo de la alianza Fuerza y Libertad, encabezada por su exministra Fiorella Molinelli.
La acusación formalizada este jueves es la número 31 que presenta el Equipo Especial Lava Jato. Irónicamente, el anuncio ocurre en un momento de tensión, ya que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha expresado su intención de desactivar al grupo de fiscales que ha impulsado las investigaciones contra funcionarios de alto nivel, alegando que “ya cumplieron su ciclo”. La defensa de Kuczynski sugiere que el pedido de cárcel es una respuesta a estas presiones internas en la Fiscalía.
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