La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para impulsar un debate legislativo crucial sobre la protección digital de niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales. La iniciativa, que entrará en la Legislatura porteña, toma como referencia el modelo de legislación implementado por Australia, reconociendo la necesidad de un marco normativo que aborde los riesgos psicológicos, sociales y de seguridad inherentes al uso de plataformas digitales por parte de menores.
El proyecto de ley busca establecer nuevas reglas claras para el acceso de los menores a las redes. El punto central de la discusión será la implementación de mecanismos que garanticen el consentimiento parental para el uso de ciertas plataformas o la interacción con determinados contenidos. Se espera que la propuesta aborde no solo la edad mínima de acceso, sino también las responsabilidades que recaen sobre los proveedores de servicios y las propias plataformas para verificar la edad de sus usuarios y asegurar un entorno digital seguro.
La inspiración en el modelo australiano se debe a la exhaustividad de su regulación, que puso el foco en la necesidad de que las plataformas asuman una responsabilidad activa en la protección de la privacidad y el bienestar emocional de los usuarios más jóvenes. El debate en CABA girará en torno a cómo aplicar normativas de verificación de edad y consentimiento en un contexto de rápida evolución tecnológica y alta penetración de las redes en la población adolescente.
La necesidad de esta legislación se fundamenta en los riesgos bien documentados que enfrentan los menores en el entorno digital: exposición a contenidos inapropiados, acoso cibernético (ciberbullying), y el impacto negativo en la salud mental y la autoestima derivado del uso constante de las redes.
El debate en la Legislatura porteña busca generar un consenso multisectorial, involucrando a padres, educadores, especialistas en tecnología y derechos del niño, para crear una ley que equilibre el derecho a la comunicación y el acceso a la información con el deber de protección del Estado sobre la infancia y adolescencia. De aprobarse, la normativa de CABA podría sentar un precedente significativo a nivel nacional sobre la regulación de la vida digital de los menores.