La Justicia procesó a dos expresidentes de Sancor por retener indebidamente aportes previsionales de sus empleados. Mientras la cooperativa enfrenta deudas millonarias y un concurso de acreedores, intenta subsistir produciendo lácteos para terceros bajo un clima de alta tensión laboral.
En medio de una profunda reestructuración financiera, los tribunales federales han decidido procesar a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, antiguos titulares de Sancor Cooperativas Unidas Limitada. La medida judicial responde a presuntas maniobras de retención indebida de fondos destinados a la seguridad social, un delito encuadrado en el Régimen Penal Tributario. Según la investigación, la firma habría descontado los aportes de sus empleados sin transferirlos efectivamente a los organismos de recaudación, acumulando una deuda que superaría los 1.600 millones de pesos.
La resolución fue recibida con optimismo por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), cuyos representantes señalan que la falta de aportes ha deteriorado gravemente el bienestar de los operarios. El gremio incluso ha sugerido la posibilidad de extender la acción legal, argumentando que este tipo de manejos financieros nocivos no habrían cesado por completo. Por el momento, la fiscalía ha optado por no requerir la privación de libertad de los involucrados, permitiendo que sigan el proceso bajo libertad vigilada dada su disposición a colaborar y la ausencia de prontuarios previos.
Este nuevo golpe institucional ocurre mientras la histórica cooperativa transita un concurso preventivo de acreedores iniciado formalmente a comienzos de 2025. Para evitar el colapso total, Sancor ha modificado radicalmente su modelo de negocios, dejando de procesar materia prima propia para enfocarse en la fabricación de productos para otras marcas. Actualmente, la compañía logra sostener seis de sus complejos industriales operativos, alcanzando un volumen diario cercano a los 600.000 litros de leche gracias a estas alianzas con terceros que mantienen activa su capacidad instalada.
Pese a esta reactivación productiva parcial, la estabilidad de los trabajadores sigue siendo delicada, con remuneraciones que se liquidan en cuotas semanales. Desde la cúpula de Atilra, Héctor Ponce ratificó que la prioridad del sindicato es salvaguardar los puestos de trabajo frente a cualquier desenlace, ya sea una recuperación exitosa o un eventual proceso de liquidación de activos. El caso penal suma ahora un factor de tensión adicional a una de las crisis industriales más prolongadas de la Argentina, poniendo bajo la lupa la responsabilidad de quienes condujeron la láctea durante sus años de mayor decadencia.
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