La justicia intervino SanCor para designar una coadministradora con poder de veto sobre actos económicos. La medida busca transparentar la gestión tras denuncias por falta de información, deudas salariales desde junio y presuntas irregularidades en el pago de aportes previsionales.
El juzgado de Rafaela ha dictado una medida drástica en el marco del concurso preventivo de la emblemática láctea SanCor, estableciendo una intervención judicial que limita las decisiones del actual directorio. El magistrado Marcelo Gelcich resolvió designar a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, otorgándole un poder de veto y control sobre cualquier movimiento patrimonial de la firma por un lapso inicial de sesenta días. Esta resolución surge tras las reiteradas advertencias de la Sindicatura sobre la opacidad informativa de la empresa, activando así los mecanismos legales previstos para casos donde se presume un perjuicio hacia los acreedores o falta de claridad en la gestión de bienes.
Bajo este nuevo esquema de “control real y efectivo”, las autoridades naturales de la cooperativa mantienen sus cargos pero pierden la autonomía operativa. A partir de ahora, cualquier documento con impacto contable o económico que carezca de la rúbrica de la funcionaria designada será considerado nulo de pleno derecho. La medida responde a un escenario de crisis profunda donde el Comité de Control denunció la falta de datos precisos sobre la productividad de las plantas en Sunchales y Gálvez, así como irregularidades en los contratos de comercialización y el destino final de la facturación diaria.
El fallo judicial expone una situación social crítica dentro de la láctea, señalando una deuda salarial que se arrastra desde mediados de 2025 y el impago total del último aguinaldo. La justicia tomó nota de más de tres mil reclamos formales de trabajadores que denuncian, además, la emisión de recibos con información apócrifa destinada a evadir contribuciones a la seguridad social. Para abordar este complejo entramado, la coadministradora contará con un cuerpo técnico interdisciplinario compuesto por expertos en la industria láctea, informáticos y asesores legales, quienes tendrán la tarea de auditar cada eslabón de la cadena productiva.
La intervención otorga a Prono atribuciones inusuales, como la potestad de ingresar a cualquier instalación de la firma —incluso con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario— para incautar documentación o verificar procesos. Mientras SanCor enfrenta pedidos de quiebra en paralelo, algunos impulsados por el gremio Atilra para garantizar la continuidad de las fuentes laborales, esta decisión judicial busca evitar el vaciamiento de la cooperativa. El objetivo del tribunal no es el desplazamiento definitivo de la dirigencia, sino garantizar que los activos restantes no sean dilapidados mientras se intenta buscar una salida al asfixiante pasivo financiero que arrastra la entidad.
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