El Gobierno nacional analiza convocar a sesiones extraordinarias para retomar proyectos pendientes. Tras la falta de consensos en diciembre, el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral y cambios en la Ley de Glaciares, descartando actividad parlamentaria durante enero.
El gobierno nacional estudia la posibilidad de extender el período de sesiones extraordinarias a partir del lunes 2 de febrero. El propósito de esta medida es tratar las iniciativas legales que quedaron truncas luego de la última convocatoria legislativa, que rigió entre el 10 y el 30 de diciembre.
Dentro del temario enviado por el Poder Ejecutivo, el foco principal se sitúa en la denominada “modernización laboral” y la reforma de la Ley de Glaciares. Ambas propuestas fueron postergadas en el cierre del calendario anterior debido a que el oficialismo no logró asegurar los votos necesarios para su aprobación, enfrentando además la resistencia de diversos sectores sindicales.
El presidente de la Nación, Javier Milei, considera que la reforma laboral es una pieza fundamental de su programa económico. Según la perspectiva del mandatario, estos cambios legales permitirán incentivar la generación de empleo en el sector privado para la segunda mitad de su gestión, replicando la estrategia de acuerdos utilizada recientemente para la sanción del Presupuesto 2026.
La tarea de coordinar los apoyos legislativos recaerá en figuras clave del espacio oficialista. Se prevé que la ministra Patricia Bullrich encabece las negociaciones parlamentarias junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el dirigente Eduardo “Lule” Menem y el diputado Diego Santilli. Este equipo buscará acercar posiciones con los bloques opositores para destrabar el tratamiento de las leyes en el recinto.
En contraste con la urgencia manifestada por lo laboral, el Gobierno decidió excluir la reforma del Código Penal de este cronograma de febrero. Desde el Ejecutivo reconocieron que, debido a la extensión y complejidad técnica de dicha normativa, el proyecto requerirá de un debate en comisiones que podría prolongarse durante varios meses antes de estar en condiciones de ser votado.
La decisión de no sesionar durante el mes de enero deja la agenda gubernamental supeditada a lo que ocurra a partir del segundo mes del año. Este receso otorga un margen de tiempo para que los operadores políticos del oficialismo intenten consolidar las mayorías que resultaron esquivas en diciembre.
¿Será suficiente el plazo de febrero para alcanzar los acuerdos que no se concretaron a fin de año? El escenario plantea una interrogante sobre la viabilidad de estas reformas estructurales en un Congreso que continúa mostrando una paridad de fuerzas entre el Ejecutivo y los sectores opositores.
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