El decreto de necesidad y urgencia 941/2025 otorga poderes de detención al organismo de inteligencia y genera rechazo legislativo. El oficialismo postergará el debate hasta febrero, mientras sectores opositores denuncian inconstitucionalidad y evalúan acudir a la Justicia.
El Poder Ejecutivo Nacional dispuso una reforma en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante la publicación del decreto 941/2025 este viernes. La medida redefine el funcionamiento del sistema de inteligencia y otorga a sus agentes la capacidad de aprehender personas, una atribución que hasta ahora correspondía exclusivamente a las fuerzas de seguridad y la Policía Judicial.
Diferentes sectores de la oposición manifestaron su rechazo ante lo que consideran un exceso de facultades en un organismo que opera bajo el secreto. El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para anular la norma, argumentando que el decreto vulnera el debido proceso y la división de poderes al modificar la Ley 25.520 sin intervención del Congreso de la Nación.
Pese a la urgencia de los bloques críticos, el tratamiento legislativo del decreto encontraría una barrera temporal. El oficialismo apuesta a dilatar la discusión hasta febrero, mes en que finalizaría el receso parlamentario.
Para que el Congreso pueda rechazar el decreto, debe conformarse primero la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuya integración depende de las autoridades de ambas cámaras, el diputado Martín Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La normativa vigente, bajo la ley 26.122, establece que el Gobierno tiene diez días hábiles para comunicar el decreto al Poder Legislativo. Una vez cumplido este paso, la comisión mencionada cuenta con otros diez días para dictaminar. Si el cuerpo de trabajo no se constituye o no emite despacho, ambas cámaras quedarían habilitadas para tratar el tema de manera directa en el recinto, aunque para ello se requiere reunir el quorum y alcanzar la mayoría absoluta.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, integrante de la Coalición Cívica, señaló que la reforma es inconstitucional. El legislador explicó que el artículo 99 de la Constitución prohíbe al presidente legislar en materia penal, área que se vería afectada al modificarse las atribuciones operativas de la inteligencia nacional. Ante este escenario, la agrupación política no descarta realizar una presentación judicial para frenar la aplicación de la norma.
Por otra parte, el bloque de PRO adoptó una posición más cautelosa. El espacio liderado por el diputado Cristian Ritondo solicitó precisiones sobre los protocolos de uso y los alcances de las tareas de aprehensión.
En paralelo, bloques como Provincias Unidas y el Frente de Izquierda exigieron la inmediata apertura de las comisiones de control para fiscalizar el accionar del organismo.
El escenario plantea un desafío para el equilibrio de poderes durante el período estival. La vigencia de las nuevas atribuciones de la inteligencia estatal quedará supeditada a la capacidad de los bloques opositores para coordinar una acción conjunta en el recinto.
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