Una investigación periodística sacó a la luz el complejo esquema de sociedades familiares y contratos estatales montado por Pablo Toviggino. El tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia construyó en su provincia un holding que abarca desde la construcción hasta el agro, siempre bajo el amparo de vínculos políticos estratégicos.
El epicentro del escándalo se sitúa en la mansión de Villa Rosa, Pilar, una propiedad de lujo valuada por peritos oficiales en 20 millones de dólares. Aunque formalmente figura a nombre de la empresa Real Central S.R.L. (integrada por un monotributista y una jubilada), la Justicia investiga si los fondos para su compra y para la adquisición de una flota de 54 autos de alta gama provienen de maniobras de administración fraudulenta dentro de la AFA. Un dato revelador en el expediente del juez Marcelo Aguinsky es que el pago de los peajes de estos vehículos se realizaba con tarjetas corporativas de la propia Asociación del Fútbol Argentino.
La empresa Malte S.R.L. es, quizás, el eslabón más sensible de esta cadena. Fue la firma que obtuvo la contratación directa para la instalación del sistema VAR en el fútbol argentino, cobrando sumas millonarias de la entidad que el propio Toviggino administra como tesorero. La reciente cesión de cuotas de Mauro Javier Paz (exdirector de la liga femenina y presunto testaferro) hacia SOMA S.R.L. busca blindar jurídicamente la titularidad de los bienes, justo cuando el juez ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre el entorno del dirigente santiagueño.
En su provincia de adopción, Santiago del Estero, Toviggino construyó un poder omnímodo gracias a su alianza con el clan Zamora. A través de sociedades como Bori y Segon, el holding familiar se ha convertido en el principal beneficiario de contratos estatales de vigilancia en hospitales públicos y organismos estratégicos, como la Fiscalía de Estado. Las licitaciones presentan un patrón recurrente: Bori o Segon suelen presentarse como únicos oferentes, o las ofertas alternativas son desestimadas por errores formales, garantizando adjudicaciones directas que alimentan un patrimonio que hoy está bajo la lupa penal.
Esta reorganización societaria “a las apuradas” no es solo una movida contable, sino una táctica de supervivencia frente a una investigación que ya no se limita a un inmueble, sino que apunta a una matriz de negocios conexos. Mientras Toviggino defiende públicamente el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, sus empresas privadas —dedicadas también a la explotación forestal y la producción de vinos de alta gama en Mendoza— demuestran una expansión comercial que la Justicia ahora intenta desentramar siguiendo la trazabilidad de los fondos públicos y deportivos
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