Argentina ratificó ante la ONU su apoyo al operativo de Trump contra Maduro, aunque omitió el reclamo por la asunción de González Urrutia. El Gobierno busca alinearse con la tutela estadounidense mientras la justicia local solicita la extradición del exmandatario.
La administración de Javier Milei ha consolidado su posición respecto a la intervención militar en Venezuela, manifestando un apoyo total a las acciones dispuestas por Washington. En una intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la representación argentina elogió la determinación de Donald Trump para desarticular lo que calificó como una red de narcoterrorismo regional. No obstante, el discurso oficial mostró un cambio notable respecto a las declaraciones iniciales del Presidente: el pedido para que Edmundo González Urrutia asuma la jefatura del Estado venezolano ha desaparecido de la retórica diplomática actual, en sintonía con la decisión de la Casa Blanca de no entregar el mando a la oposición tradicional.
A través del embajador Francisco Tropepi, el Ejecutivo argentino ratificó que considera la caída de Nicolás Maduro como un paso fundamental para la seguridad del continente. Buenos Aires se ha puesto a disposición de las autoridades que gestionen la transición para colaborar en la restauración de las instituciones democráticas, omitiendo cualquier mención a las ambiciones petroleras mencionadas por Trump. En este nuevo contexto, la prioridad del Palacio San Martín parece haberse desplazado hacia la cooperación con el esquema de tutela estadounidense, buscando influir en la etapa que se abre tras la remoción del mando chavista.
Mientras la diplomacia se ajusta a los tiempos de la Casa Blanca, en el Congreso Nacional se anticipa una discusión acalorada. Los legisladores de La Libertad Avanza mantienen un proyecto de resolución que celebra el operativo, aunque el texto original —redactado antes del giro de Trump— todavía reivindica el triunfo electoral de la oposición venezolana de 2024. Por otro lado, la Cancillería argentina ha solicitado formalmente a quienes administran hoy el poder en Venezuela la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo, capturado a finales del año pasado, marcando un punto crítico de la agenda bilateral en medio de la acefalía institucional.
En el plano judicial, los tribunales de Comodoro Py han reaccionado con rapidez ante la detención de Maduro en Estados Unidos. El fiscal Carlos Stornelli formalizó una solicitud para que el exlíder sea trasladado a Buenos Aires una vez concluyan sus compromisos legales en Nueva York. Esta petición se sustenta en expedientes abiertos bajo el concepto de jurisdicción universal, donde se investigan delitos de tortura y desapariciones forzadas. De este modo, el sistema judicial argentino busca competir por la custodia del imputado, argumentando que los crímenes cometidos contra la humanidad durante su gestión deben ser juzgados también en suelo rioplatense.
El peso argentino se apreció 1% pese a la inestabilidad global por la guerra en Irán, desmarcándose de otras monedas emergentes. El Banco Central mantiene sus compras de divisas, utilizando la calma del dólar como ancla para frenar la inflación.
El Gobierno nacional busca superar una semana crítica marcada por la causa $Libra y cuestionamientos a Manuel Adorni. Pese a las tensiones internas y el aumento del desempleo, el oficialismo defiende su rumbo económico y atribuye las polémicas a maniobras opositoras.
Estados Unidos redujo la alerta de viaje a Venezuela del nivel 4 al 3, sugiriendo “reconsiderar” las visitas ante una mejora en la seguridad. No obstante, Washington mantiene el riesgo máximo en la frontera por la persistencia de grupos criminales.
EE. UU. aprobó ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes, Kuwait y Jordania ante la tensión con Irán. Mediante una declaración de emergencia, el gobierno agilizó el envío de misiles, drones y radares para fortalecer la defensa regional.
Once presuntos delincuentes del grupo “Los Mayos” murieron en un operativo naval en Sinaloa. El choque armado, que incluyó la breve captura de la hija de Ismael Zambada, recrudece la guerra interna del cartel que ya suma miles de víctimas.
El gobierno de Nayib Bukele propuso aplicar cadena perpetua a menores que cometan delitos graves, endureciendo la ofensiva contra pandillas. La medida, que busca eliminar la impunidad juvenil, enfrenta duras críticas internacionales de organismos que denuncian violaciones a los derechos humanos.
La cifra de fallecidos en Líbano superó el millar tras intensos bombardeos israelíes iniciados en marzo. El Ministerio de Salud reportó 1.001 decesos y miles de heridos, afectando gravemente a menores en ataques concentrados en el sur, el este y Beirut.
El tribunal electoral de Brasil rechazó un pedido de la oposición para investigar al presidente Lula da Silva por un homenaje en el carnaval. La justicia consideró injustificada la recolección anticipada de pruebas sobre presunto financiamiento público y campaña electoral.
