El asesinato de una niña en Santa Cruz expone la grave desprotección infantil en Bolivia, donde se denunciaron miles de agresiones en 2025. Pese a leyes estrictas, la falta de prevención y el silencio familiar perpetúan un problema estructural de violencia.
El hallazgo sin vida de una menor de ocho años en la periferia de Santa Cruz ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad extrema de la niñez en territorio boliviano. La víctima, interceptada cerca de su domicilio en La Guardia, sufrió agresiones físicas y sexuales antes de ser asfixiada, presuntamente a manos de un allegado familiar de 24 años que ya se encuentra bajo custodia. La fiscalía ha expresado su preocupación por el hermetismo del entorno cercano, un factor que habitualmente entorpece las investigaciones en un país donde, solo en 2025, se reportaron más de 2.300 ataques contra niñas.
Expertos y funcionarios coinciden en que, pese a contar con un marco legal robusto que incluye el Código Niña, Niño y Adolescente, la protección real no trasciende el papel. La viceministra Jessica Echeverría advierte que el 85% de los agresores pertenecen al núcleo familiar, lo que convierte al hogar en el sitio más peligroso para los menores. Esta realidad se ve agravada por una cultura que históricamente ha invisibilizado a la infancia, utilizándola en ocasiones como mano de obra o ignorando sus derechos fundamentales debido a contextos de precariedad económica que afectan a más de un tercio de la población.
Organizaciones civiles como la Fundación Una Brisa de Esperanza señalan que el enfoque estatal ha sido reactivo y no preventivo. Insisten en la necesidad urgente de educar desde las aulas para que las víctimas rompan el silencio y de capacitar a los operadores de justicia, quienes a menudo incurren en demoras procesales o actos de corrupción. Mientras las autoridades solicitan la pena máxima de 30 años para los responsables de infanticidio, las activistas subrayan que la verdadera solución radica en una transformación social que priorice el bienestar infantil por encima de intereses políticos o funcionales.
El Ministerio de Salud encendió las alarmas tras confirmar más de 6.400 contagios en la primera mitad de 2026. La infección provoca un fallecimiento cada siete horas en el país mientras avanzan los cuadros farmacorresistentes.
El Ministerio de Defensa ordenó activar los consejos disciplinarios contra diez efectivos salpicados por maniobras irregulares en liquidaciones salariales. La causa penal analiza transferencias indebidas concretadas a cuentas bancarias entre 2022 y 2026.
El proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones reclamados por los rectores. La brecha económica frena la Ley de Financiamiento y pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.
Un joven denunció penalmente a un chofer que se apoderó de un calzado de $400.000 en Buenos Aires. El conductor no registró la recepción en el sistema, suspendió el traslado y la empresa solo reembolsó la tarifa del traslado.
La senadora del PRO expuso la interna oficialista tras confirmar que no fue alertada sobre las modificaciones. Advirtió que ocultar información daña los vínculos políticos y complica el debate legislativo para el próximo año.
Con el 51,8% de los votos finales, la jugadora conquistó la edición Generación Dorada tras 174 días de encierro. Un recorrido marcado por la transformación estética, la maternidad y un premio histórico de $70 millones.
Detrás de la discusión parlamentaria por la eliminación de las PASO se esconde una arriesgada maniobra política. Un grupo de gobernadores dialoguistas negocia gobernabilidad con el oficialismo a cambio de paz en sus territorios, mientras evalúa utilizar la herramienta electoral para disputar la Presidencia en 2027.
El presidente Javier Milei envió al Parlamento un proyecto para penalizar a las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas sin autorización. La iniciativa también incluye modificaciones en Defensa, Código Penal y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
