El asesinato de una niña en Santa Cruz expone la grave desprotección infantil en Bolivia, donde se denunciaron miles de agresiones en 2025. Pese a leyes estrictas, la falta de prevención y el silencio familiar perpetúan un problema estructural de violencia.
El hallazgo sin vida de una menor de ocho años en la periferia de Santa Cruz ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad extrema de la niñez en territorio boliviano. La víctima, interceptada cerca de su domicilio en La Guardia, sufrió agresiones físicas y sexuales antes de ser asfixiada, presuntamente a manos de un allegado familiar de 24 años que ya se encuentra bajo custodia. La fiscalía ha expresado su preocupación por el hermetismo del entorno cercano, un factor que habitualmente entorpece las investigaciones en un país donde, solo en 2025, se reportaron más de 2.300 ataques contra niñas.
Expertos y funcionarios coinciden en que, pese a contar con un marco legal robusto que incluye el Código Niña, Niño y Adolescente, la protección real no trasciende el papel. La viceministra Jessica Echeverría advierte que el 85% de los agresores pertenecen al núcleo familiar, lo que convierte al hogar en el sitio más peligroso para los menores. Esta realidad se ve agravada por una cultura que históricamente ha invisibilizado a la infancia, utilizándola en ocasiones como mano de obra o ignorando sus derechos fundamentales debido a contextos de precariedad económica que afectan a más de un tercio de la población.
Organizaciones civiles como la Fundación Una Brisa de Esperanza señalan que el enfoque estatal ha sido reactivo y no preventivo. Insisten en la necesidad urgente de educar desde las aulas para que las víctimas rompan el silencio y de capacitar a los operadores de justicia, quienes a menudo incurren en demoras procesales o actos de corrupción. Mientras las autoridades solicitan la pena máxima de 30 años para los responsables de infanticidio, las activistas subrayan que la verdadera solución radica en una transformación social que priorice el bienestar infantil por encima de intereses políticos o funcionales.
os crímenes de Milagros Cabrera y Juana Antonich reabren el debate sobre la violencia machista. Según datos oficiales, en lo que va del año se registra una víctima letal cada 35 horas, con un Estado cuestionado por el vaciamiento de políticas preventivas.
El Presidente vinculó la nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca con la histórica disputa de soberanía sobre las islas y ratificó el alineamiento irrestricto con Washington. Además, defendió la reforma del Banco Central para prohibir el financiamiento al Tesoro.
El mediocampista colombiano felicitó a su compatriota tras la victoria de Rosario Central en el Estadio Monumental, lo que desató críticas entre los simpatizantes del club de Núñez.
Un promedio de 17 relevamientos nacionales revela que el 59% de los argentinos percibe de forma negativa la situación económica actual. Pese al desencanto social, Javier Milei conserva una leve diferencia a favor en la intención de voto hacia la reelección en 2027.
Bajada: La decisión de Washington de frenar una ofensiva militar a gran escala para abrir una vía diplomática descomprime de inmediato los mercados energéticos. El crudo Brent cede posiciones tras semanas de máxima tensión bélica en Medio Oriente.
El oficialismo enfrenta severas dificultades para reunir las adhesiones necesarias antes del reinicio del debate parlamentario. La creciente presión social, sumada a las dudas de bloques aliados de Misiones, Chubut y el radicalismo, pone en jaque la eliminación de límites a inversores extranjeros.
Denis Portillo, abogado, especialista en trámites migratorios, explicó cómo el DNU 681/2026 modifica la Ley de Migraciones, qué conductas pueden derivar en expulsión y qué garantías conservan los extranjeros. La norma entró en vigencia el 29 de julio y deberá ser evaluada por el Congreso.
Un altercado en la estación migratoria de Tapachula culminó con la intervención de fuerzas de seguridad y dos detenidos. Migrantes deportados desde Estados Unidos protestaron por las condiciones de encierro, mientras activistas denunciaron extorsiones y vulnerabilidad en la frontera mexicana.
