El asesinato de una niña en Santa Cruz expone la grave desprotección infantil en Bolivia, donde se denunciaron miles de agresiones en 2025. Pese a leyes estrictas, la falta de prevención y el silencio familiar perpetúan un problema estructural de violencia.
El hallazgo sin vida de una menor de ocho años en la periferia de Santa Cruz ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad extrema de la niñez en territorio boliviano. La víctima, interceptada cerca de su domicilio en La Guardia, sufrió agresiones físicas y sexuales antes de ser asfixiada, presuntamente a manos de un allegado familiar de 24 años que ya se encuentra bajo custodia. La fiscalía ha expresado su preocupación por el hermetismo del entorno cercano, un factor que habitualmente entorpece las investigaciones en un país donde, solo en 2025, se reportaron más de 2.300 ataques contra niñas.
Expertos y funcionarios coinciden en que, pese a contar con un marco legal robusto que incluye el Código Niña, Niño y Adolescente, la protección real no trasciende el papel. La viceministra Jessica Echeverría advierte que el 85% de los agresores pertenecen al núcleo familiar, lo que convierte al hogar en el sitio más peligroso para los menores. Esta realidad se ve agravada por una cultura que históricamente ha invisibilizado a la infancia, utilizándola en ocasiones como mano de obra o ignorando sus derechos fundamentales debido a contextos de precariedad económica que afectan a más de un tercio de la población.
Organizaciones civiles como la Fundación Una Brisa de Esperanza señalan que el enfoque estatal ha sido reactivo y no preventivo. Insisten en la necesidad urgente de educar desde las aulas para que las víctimas rompan el silencio y de capacitar a los operadores de justicia, quienes a menudo incurren en demoras procesales o actos de corrupción. Mientras las autoridades solicitan la pena máxima de 30 años para los responsables de infanticidio, las activistas subrayan que la verdadera solución radica en una transformación social que priorice el bienestar infantil por encima de intereses políticos o funcionales.
El líder supremo de Irán nombró a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria, como asesor militar. El funcionario posee una alerta roja de Interpol por su rol en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó 85 muertos.
El Gobierno nacional ratificó su decisión de no intervenir en la causa $LIBRA, minimizando las filtraciones sobre presuntos pagos y chats de ministros. Mientras la Justicia investiga la divulgación de datos, la oposición en el Congreso exige informes a los funcionarios.
La ONU denunció la continuidad de torturas en cárceles venezolanas tras la caída de Maduro. Volker Türk exigió liberar a los detenidos arbitrariamente y criticó la opacidad de la amnistía dictada por Delcy Rodríguez, reclamando transparencia y acceso a los penales.
La ciencia confirmó que el “multitasking” es un mito: el cerebro procesa tareas de forma secuencial y nunca simultánea. Aunque el entrenamiento mejora la velocidad al encadenar procesos, la mente mantiene un funcionamiento lineal, lo que genera riesgos ante distracciones externas.
Donald Trump criticó la falta de compromiso de sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán. El mandatario reprochó la escasa colaboración internacional en la protección del tránsito energético, advirtiendo sobre las graves consecuencias económicas del conflicto bélico.
Un bombardeo paquistaní contra el hospital Omid en Kabul dejó 400 muertos y centenares de heridos. Mientras el régimen talibán denunció un ataque inhumano contra civiles y amenazó con represalias militares, Pakistán aseguró haber atacado únicamente infraestructura terrorista con precisión.
Bolivia decomisó bienes por 15 millones de dólares a Sebastián Marset, incluyendo 16 avionetas y armamento de guerra. Tras su captura en Santa Cruz y extradición a Estados Unidos, el presunto narco uruguayo enfrenta cargos por lavado de activos en Virginia.
En el estadio Presidente Perón, la ´Academia´ venció al equipo cordobés y escaló a la sexta posición.
