El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, denunció que encontró “dispositivos de grabación de audio y video ocultos” en su despacho oficial y en oficinas de la Secretaría General de la Gobernación, lo que derivó en una presentación ante la Justicia y el inicio de una pesquisa interna para determinar responsabilidades.
El hallazgo se produjo este miércoles por la mañana en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, después de que Frigerio ordenara una revisión de dependencias oficiales ante una serie de filtraciones recientes de conversaciones de funcionarios hacia el ámbito público. El gobernador anunció los resultados de ese operativo en su cuenta oficial de la red social X, donde informó que se encontraron tres dispositivos de grabación de audio y video escondidos en distintas oficinas del edificio gubernamental.
Frigerio señaló que las autoridades provinciales presentaron denuncias penales y abrieron investigaciones administrativas con el objetivo de esclarecer quiénes colocaron los micrófonos y cámaras, con qué finalidad y qué uso se hizo de la información obtenida. Según fuentes oficiales, ambos pasos procesales buscan también determinar posibles complicidades dentro de la estructura estatal y responsabilidades civiles o penales.
El gobernador aseguró que estos hallazgos representan un problema serio para la institucionalidad entrerriana y afirmó que forman parte de prácticas que, en su evaluación, debían erradicarse de la gestión pública. “Durante muchos años se naturalizaron prácticas de control y registro no autorizadas; ese tiempo se terminó”, expresaron fuentes cercanas a Frigerio, citando la postura oficial de la gobernación sobre la importancia de la transparencia y la legalidad en el manejo de las instituciones.
El procedimiento se realizó después de que el propio mandatario pidiera al ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, activar los protocolos para revisar los despachos de la administración central, en medio de la inquietud generada por la aparición de información que se filtraba poco tiempo después de conversaciones privadas. La Policía de Entre Ríos confirmó la presencia de los dispositivos y su funcionalidad para captar audio y video.
En paralelo con la investigación judicial, la provincia inició una indagación interna para establecer si hubo faltas administrativas y posibles responsabilidades de personal o funcionarios con acceso a las áreas donde fueron encontrados los aparatos. La gobernación adelantó que se revisarán circuitos de acceso, protocolos de seguridad y sistemas de monitoreo para evitar hechos similares en el futuro.
El hecho despertó reacciones políticas y mediáticas, y fue interpretado por diversos actores como un episodio grave en el manejo de la administración pública. El PRO emitió un comunicado en respaldo a Frigerio, calificando el hallazgo como una situación “grave para la democracia” y reclamando que la Justicia actúe con celeridad para identificar a los responsables y sancionar conforme a la ley.
Este episodio se suma a un contexto de alta sensibilidad en la provincia, donde la transparencia en la gestión y la auditoría de prácticas pasadas han sido temas recurrentes en el debate público desde la asunción de Frigerio en diciembre de 2023. Con la investigación judicial en marcha y la revisión administrativa en curso, el caso generará definiciones en los próximos días sobre el origen y el alcance del uso de estos dispositivos en dependencias oficiales.