Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, rompió el silencio con una carta enviada desde su celda en Mendoza. El acusado de estafar a más de 140 familias aseguró que no hubo intención de fraude y pidió “comprensión”.
Mauricio Morales, dueño de Ok Eventos, rompió el silencio con una carta enviada desde su celda en Mendoza. El acusado de estafar a más de 140 familias aseguró que no hubo intención de fraude y pidió “comprensión”.
El sueño del salón decorado, la cena de gala y el brindis de graduación se transformó, para cientos de adolescentes mendocinos, en una pesadilla de oficinas vacías y teléfonos apagados. Ahora, desde el encierro, el principal responsable de ese descalabro intenta ensayar una redención. Mauricio Morales, el empresario detrás de la firma Ok Eventos, redactó una carta de puño y letra —posteriormente transcripta por su equipo— en la que califica el incumplimiento de los contratos como un “error en su trayectoria”. Según el escrito, el colapso ocurrido el pasado 29 de noviembre, cuando varias fiestas de egresados, bodas y cumpleaños fueron cancelados sobre la hora, se debió a una “falla sistémica y administrativa” y no a un plan orquestado para el engaño.
La narrativa de Morales busca despegarse de la figura del estafador serial. En su misiva, destaca que en 11 años de actividad concretó más de 600 eventos con éxito y que la crisis se limitó exclusivamente a un fin de semana fatídico. Sin embargo, el relato del empresario choca de frente con la cruda realidad que vivieron los damnificados: estudiantes que llegaron al salón y descubrieron que ni el alquiler ni el catering habían sido abonados. Para el Ministerio Público Fiscal, el modus operandi fue claro: Morales cobró por adelantado sumas millonarias sabiendo que no podría cumplir con los servicios, lo que configura el delito de estafas genéricas. Actualmente, la fiscal Susana Muscianisi contabiliza al menos 24 denuncias formales, aunque el número de familias afectadas ascendería a 140.
En un intento por recuperar su libertad, el empresario aseguró en la carta que su voluntad de pago es plena y que presentó una fianza que supera el monto adeudado ante la Justicia. “Si el objetivo hubiera sido el fraude, no habríamos incurrido en los gastos logísticos que se evidenciaron en cada lugar”, argumentó Morales, intentando convencer a sus víctimas de que su detención es el principal obstáculo para reactivar la operatividad de su empresa y devolver el dinero. No obstante, el juez Juan Manuel Pina fue tajante al dictar la prisión preventiva el pasado 15 de enero, considerando que existe riesgo de entorpecimiento de la causa dada la magnitud del perjuicio económico y social.
El tono de la carta, que oscila entre el arrepentimiento y la autojustificación, no ha sido bien recibido por los padres y alumnos, quienes ven en sus palabras una maniobra desesperada para evitar una condena efectiva. Mientras Morales pide “el espacio necesario para trabajar y devolver la confianza”, las familias mendocinas enfrentan las deudas contraídas para pagar fiestas que nunca existieron. La “falla administrativa” que alega el empresario es, para la Justicia, una defraudación sistemática que dejó a cientos de jóvenes sin su recuerdo más preciado de la secundaria, marcando un precedente oscuro en la industria de los eventos en la provincia.
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