Familiares de detenidos en Cuba exigen una ley de amnistía que garantice la libertad definitiva de más de mil presos políticos. Según El País, el reclamo busca evitar que el régimen los utilice como moneda de cambio en futuras negociaciones.
Familiares de detenidos en Cuba exigen una ley de amnistía que garantice la libertad definitiva de más de mil presos políticos. Según El País, el reclamo busca evitar que el régimen los utilice como moneda de cambio en futuras negociaciones.
La reciente liberación masiva de detenidos en Venezuela ha impulsado a las familias de los presos políticos cubanos a exigir una medida idéntica en la isla. El movimiento ciudadano busca que el gobierno de Miguel Díaz-Canel aplique una Ley de Amnistía que exonere definitivamente a los más de mil ciudadanos encarcelados, principalmente tras las revueltas de 2021. A diferencia de los indultos o licencias extrapenales otorgados anteriormente bajo presión del Vaticano, este recurso legal implicaría admitir que no existió delito en las protestas y garantizaría una libertad irreversible, sin amenazas de destierro o reingreso a prisión.
La urgencia del pedido coincide con un escenario de extrema precariedad económica y posibles acercamientos diplomáticos entre La Habana y la gestión de Donald Trump. Activistas y especialistas consultados por El País subrayan que, mientras Washington y la cúpula castrista exploran acuerdos energéticos y financieros, la excarcelación de los prisioneros de conciencia debe ser una prioridad innegociable. Para los familiares, la amnistía no representa solo un acto humanitario ante la crisis, sino el único camino jurídico para detener el uso del sistema penal como herramienta de silenciamiento político y sentar las bases de una reconciliación nacional.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que las acciones alcanzaron a extranjeros con antecedentes penales, pedidos de captura y situaciones irregulares, mediante un incremento de controles biométricos en puntos fronterizos y operativos urbanos en el país.
Ante reiteradas amenazas de muerte recibidas en Instagram, el analista Gastón Trezeguet acudió a la Justicia. La Fiscalía Número 5 inició una investigación y la Policía de la Ciudad tramitó un dispositivo de seguridad para el panelista.
Shaun Evans, integrante del equipo VAR, explicó que se trató de un tic involuntario y el organismo no encontró pruebas para sancionarlo, pese al fuerte reclamo de Fare Network.
En medio de la tensa interna justicialista, la diputada Berenice Iañez cuestionó el liderazgo de Cristina Kirchner desde su residencia porteña. El espacio de Axel Kicillof busca renovar la doctrina del PJ, provocando el inmediato rechazo de La Cámpora.
Por decisión unánime del Primer Panel del Tribunal Supremo, el excongresista enfrentará cuatro años de cárcel por coordinar sanciones en el extranjero contra magistrados brasileños, buscando liberar a Jair Bolsonaro de su sentencia por intento de golpe.
Robert Kuzovkov, caricaturista refugiado desde 2021, falleció tras recibir cinco disparos en la ciudad de Biała Podlaska. Investigadores polacos detuvieron a dos ciudadanos bielorrusos y manejan la hipótesis de una ejecución por motivos políticos.
Pablo Moyano rompió el silencio en una cumbre sindical, dio por fracasadas las vías institucionales de la CGT y reclamó volver a las calles para enfrentar la reforma laboral del Gobierno.
Un sargento de la Policía Bonaerense falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo contra el narcomenudeo en un descampado de la localidad. Hay tres sospechosos aprehendidos y la Justicia investiga la procedencia del proyectil.
