El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó endurecer las medidas contra Agostina Páez tras la denuncia por gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La fiscalía considera insuficientes la tobillera electrónica y la retención del pasaporte ante la gravedad de los hechos.
La situación judicial de la influencer argentina Agostina Páez se agravó considerablemente en las últimas horas en Brasil. El Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) formalizó la denuncia en su contra y solicitó a la Justicia la prisión preventiva, argumentando que las medidas cautelares vigentes —como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país— no son proporcionales a la gravedad de los delitos imputados. Páez está acusada de haber realizado gestos y expresiones racistas contra empleados de un bar en el exclusivo barrio de Ipanema.
El conflicto que originó la causa penal ocurrió el pasado 14 de enero, tras una discusión por el monto de una cuenta. Según la acusación fiscal, la joven habría llamado “negro” a un empleado con la intención de menospreciarlo y, posteriormente, se habría dirigido a la cajera del establecimiento al grito de “mono”, acompañando el insulto con gestos que imitaban al animal. El MPRJ sostiene que la conducta de la turista argentina se encuadra en el delito de racismo, una figura que en la legislación brasileña conlleva penas severas y es considerada inalienable e imprescriptible.
En su descargo, la influencer reconoció haber tenido una “reacción malísima”, pero alegó que fue producto de una situación de hostilidad previa. Páez afirmó ante la justicia que los empleados del bar les impidieron la salida, les cargaron consumos no realizados y las sometieron a acoso y burlas, grabándolas con teléfonos celulares mientras realizaban gestos obscenos. “Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, insinuando que algo nos iba a pasar; se reían”, declaró la joven, intentando contextualizar su comportamiento como una respuesta a una intimidación previa.
Por su parte, la defensa técnica de la argentina ha escalado el conflicto al plano internacional. Los abogados presentaron una petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), denunciando presuntas afectaciones a derechos fundamentales y garantías procesales. Mientras tanto, en Brasil, la fiscalía insiste en que la libertad de Páez representa un riesgo y que la prisión preventiva es la única herramienta para garantizar que el proceso avance sin contratiempos, dada la naturaleza del agravio hacia los trabajadores del local.
Este caso ha generado una amplia repercusión en ambos países, poniendo nuevamente en debate la rigurosidad de las leyes antidiscriminación en territorio brasileño. De concederse la preventiva, la joven argentina deberá aguardar el juicio en un establecimiento penal de Río de Janeiro. Las autoridades consulares argentinas siguen de cerca el trámite, mientras el tribunal local evalúa si mantiene la libertad vigilada con tobillera electrónica o si ordena el traslado inmediato de la imputada a una celda común, tal como exige el Ministerio Público.
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