El precio del oro superó los 4.500 dólares impulsado por los bancos centrales y criptoactivos. Mientras algunos analistas proyectan que llegará a los 8.000 dólares para 2031, otros sugieren mantener cautela ante la pérdida de impulso de las compras recientes.
El Gobierno argentino removió a Alejandro Nimo de su cargo comercial en la embajada en España mediante decreto. Su destitución ocurre tras meses de duros enfrentamientos públicos con el embajador Wenceslao Bunge y reclamos por falta de austeridad estatal.
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou reaparecerá el 9 de agosto para el 190° aniversario del Partido Nacional. En medio del desgaste del gobierno de Orsi, se espera un discurso de estadista que reorganice a la oposición hacia 2029.
La Justicia Federal rechazó frenar el peritaje de voz a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS. El juez determinó que recolectar un patrón biométrico no viola la garantía contra la autoincriminación y ordenó continuar la prueba en la causa por presuntas coimas.
El histórico tratado minero argentino-chileno se reactivó en Buenos Aires para evaluar proyectos de cobre en San Juan. El acuerdo de casi tres décadas aprovecha los yacimientos de un país y la infraestructura portuaria del otro, afrontando disparidades competitivas locales.
El Banco Central intervino fuertemente en julio con más de 1.000 millones de dólares en futuros y bonos para estabilizar el dólar. Esta estrategia busca mitigar las expectativas de devaluación e incentivar la liquidación de divisas del sector agroexportador argentino.
Un operativo de ICE en Maine resultó en la muerte de un colombiano de 26 años con permiso laboral. La agencia alegó legítima defensa ante un intento de atropello, pero el hecho provocó protestas locales y una investigación del FBI.
Volkswagen evalúa recortar otros 50.000 empleos globales para mejorar su competitividad, sumando un ajuste histórico de 100.000 puestos. El plan también contempla reducir su producción anual de automóviles y evaluar la viabilidad de cuatro de sus plantas clave en Europa.
El Gobierno estadounidense, bajo la gestión de Marco Rubio, inició una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional. Washington impondrá sanciones a los funcionarios del tribunal y presionará a sus aliados para que retiren su apoyo a dicho organismo.
