La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, juró en un acto marcado por tensiones políticas y fuertes protestas que dejaron al menos 150 muertos. La oposición denuncia represión y exclusión en unas elecciones cuestionadas.
La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, juró en un acto marcado por tensiones políticas y fuertes protestas que dejaron al menos 150 muertos. La oposición denuncia represión y exclusión en unas elecciones cuestionadas.
Samia Suluhu Hassan fue investida para un segundo mandato tras ganar las elecciones del 29 de octubre con el 97,66% de los votos. Tras asumir originalmente en 2021 tras la muerte del expresidente John Magufuli, Hassan se convirtió en la primera mujer en gobernar Tanzania.
El proceso electoral estuvo marcado por la ausencia de los principales candidatos opositores, quienes fueron excluidos luego de restricciones impuestas.
Ante esta situación, miles salieron a las calles para protestar, lo que provocó una represión policial que según diferentes fuentes dejó al menos 150 muertos.
El acto de juramento de Hassan se llevó a cabo en Dodoma, la capital administrativa, con la presencia de representantes del partido gobernante, el Partido de la Revolución (CCM), y líderes regionales. La ceremonia se realizó sin acceso abierto al público, un reflejo del clima político tenso.
Desde el gobierno, se justifican las acciones de las fuerzas de seguridad como necesarias para mantener la estabilidad y el orden público, mientras la oposición y organizaciones internacionales exigen investigación y respeto a los derechos humanos.
El contexto actual plantea un desafío para el liderazgo de Hassan, quien deberá enfrentar el doble reto de afianzar su mandato y avanzar hacia una gobernabilidad inclusiva que evite nuevas tensiones. La comunidad regional e internacional observan con atención el desarrollo político en Tanzania.
La toma de posesión de Samia Suluhu Hassan sella su permanencia en el poder, pero abre un periodo marcado por el grave cuestionamiento a la transparencia electoral y las denuncias de violencia.
El gobierno insiste en el retorno a la calma, pero el peso de las víctimas y las cifras no verificadas de la represión se mantienen como un interrogante abierto. ¿Podrá la presidenta gobernar y construir legitimidad mientras la oposición y la comunidad internacional exigen una investigación rigurosa sobre la muerte de centenares de ciudadanos?
El Gobierno de Rodrigo Paz formalizó la importación y venta privada de combustible a precios de mercado en Bolivia para mitigar el grave desabastecimiento. El sector agroindustrial celebró la medida ante la parálisis del transporte tras más de 50 días de bloqueos.
La Universidad de Harvard resiste los embates de la Administración Trump, que amenaza con retirarle fondos por sus políticas de inclusión. Según The New York Times, la institución aplica recortes preventivos y cautela ante demandas judiciales que buscan controlar la educación.
En el oficialismo plantean que antes de sentarse a negociar, los primos Macri deberán resolver su interna.
Jacquelin detalla que Santilli asume como armador de la reelección de Milei, enfrentando la desconfianza de gobernadores y las internas oficialistas. Debe negociar la reforma electoral y destrabar recursos con “Toto” Caputo, bajo la estricta mirada de Karina Milei.
En el juicio por la muerte de Maradona, Matías Morla ratificó la responsabilidad médica de Luque y Cosachov, criticó las nulas condiciones de la casa de Tigre y pidió disculpas a las hijas del astro por audios despectivos.
La justicia previsional intimó a la Anses a restablecer provisoriamente la pensión por viudez de Cristina Kirchner tras aceptar su caución juratoria. Aunque el Gobierno acatará el pago millonario, mantiene recursos ante la Corte Suprema para revertir la medida.
El diputado Juan Marino denunció penalmente a Javier Milei por autorizar, mediante DNU, el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares. La presentación argumenta que saltear el debate en el Congreso viola la Constitución y configura abuso de autoridad.
El director de una clínica en Quilmes emitió una dramática carta advirtiendo sobre el colapso financiero del centro médico. Denunció demoras en pagos e insumos dolarizados, rechazando emular el trágico final de René Favaloro frente a la asfixia burocrática del sistema.
