El exministro bonaerense de Transporte fue procesado por el Juzgado Federal de Campana por presunto lavado de activos relacionados con un entramado de corrupción en el sistema de fotomultas y Verificación Técnica Vehicular. El juez dispuso un embargo millonario sobre sus bienes.
El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Alberto D’Onofrio, fue procesado por el juez federal Adrián González Charvay por el delito de lavado de dinero de origen ilícito.
La causa se inició en septiembre de 2024 a partir de denuncias que lo señalaban como líder de una organización criminal destinada a desviar fondos públicos provenientes de fotomultas y contratos irregulares vinculados a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La decisión judicial incluyó un embargo por 350 millones de pesos sobre los bienes de D’Onofrio, aunque se mantiene en libertad. La investigación reveló la existencia de un entramado de contratos direccionados y maniobras de blanqueo de activos mediante la compra de inmuebles y bienes muebles, entre ellos un predio deportivo que habría funcionado como pantalla para legitimar ingresos ilícitos.
El fiscal Álvaro Garganta lidera la imputación, que también incluye cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Se suman a la causa allanamientos y secuestros de documentación y sumas elevadas de dinero en efectivo en financieras no autorizadas, lo que refuerza la hipótesis delictiva contra D’Onofrio y otros investigados, como la concejal Claudia Pombo.
D’Onofrio renunció al cargo en diciembre de 2024 y fue reemplazado por Martín Marinucci.
La causa sigue en curso, con inhibición general de bienes, a la espera de nuevas pruebas para esclarecer plenamente el patrimonio y las responsabilidades en la trama de corrupción.
Este procesamiento pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles institucionales para evitar desviaciones de fondos públicos y mejorar la transparencia en la gestión estatal. La investigación sigue abierta y plantea interrogantes sobre la profundidad y alcance de la corrupción en la provincia de Buenos Aires.
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