Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, se negó a responder preguntas sobre quién le dio las órdenes de ocultar documentación clave del caso Vallejo tras ser detenida en Turdera; le ofrecieron ser imputada colaboradora.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, se negó a responder preguntas sobre quién le dio las órdenes de ocultar documentación clave del caso Vallejo tras ser detenida en Turdera; le ofrecieron ser imputada colaboradora.
La investigación judicial sobre la presunta maniobra de lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó un punto de inflexión con la detención de su tesorera, Micaela Sánchez.
La mujer, de 30 años, fue arrestada el jueves último junto a dos choferes en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, bajo la acusación de ser coautora de encubrimiento agravado. La gravedad del cargo se centra en el intento de destruir, ocultar e inutilizar pruebas vinculadas al delito precedente de lavado de activos.
El juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, denegó la excarcelación de los tres imputados el sábado por la noche, basándose en la oposición de la fiscal del caso, Cecilia Incardona. La decisión judicial considera el riesgo de entorpecimiento de la investigación como el factor determinante.
Durante su primera cita a declaración indagatoria, realizada el viernes, Sánchez, que se identificó como contadora de Sur Finanzas, se limitó a declarar: “Sigo órdenes“.
La mujer se negó sistemáticamente a responder las preguntas formuladas por el juez Armella y la fiscal Incardona, evitando precisar quién había impartido la instrucción de “vaciar computadoras y retirar documentación” del galpón. Cuando se le preguntó si las órdenes habían sido dadas por su jefe, Ariel Vallejo, evitó contestar.
Según consta en el expediente, la fiscalía le ofreció a la imputada la posibilidad de declarar como imputada colaboradora para acceder a beneficios procesales si aportaba información sobre la cadena superior de la presunta maniobra. Por el momento, la tesorera no ha aceptado la propuesta.
Las fuentes judiciales informaron que un técnico informático, que declaró como testigo la semana pasada, complicó la situación de Sánchez, al detallar que ella lo había contactado para formatear las computadoras de la financiera, material que fue hallado embalado por la policía.
La detención de la empleada de Vallejo se concretó durante un allanamiento. La orden judicial surgió a partir de la denuncia de un comerciante de 72 años, vecino de Turdera, quien contactó a la fiscalía tras observar, durante varios días, camionetas ploteadas con el nombre de Sur Finanzas descargando una gran cantidad de cajas en el galpón de la Avenida Hipólito Yrigoyen.
Al llegar al lugar, el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal encontró a Sánchez cargando cajas. En el vehículo se secuestraron documentación y cinco teléfonos celulares ocultos debajo del asiento.
Dentro del galpón, los agentes hallaron gran volumen de documentación de la empresa, cajeros automáticos, dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes y dos CPU. Posteriormente, la policía requisó el domicilio personal de la tesorera, donde se encontraron las llaves de las cajas fuertes del depósito y más material informático.
El núcleo de la investigación apunta a una supuesta estructura de lavado de dinero que se canalizaría mediante el otorgamiento de préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos. El expediente sugiere que varias instituciones deportivas firmaban por montos superiores a sus necesidades, con la diferencia volviendo a la financiera para ser redistribuida.
La causa, que investiga a Ariel Vallejo, ha llevado a más de 35 allanamientos en sedes de clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de la AFA en Ezeiza. Se busca establecer una conexión entre Sur Finanzas, que fungiría como proveedor de servicios de pago, y la AFA, la cual actuaría como intermediaria en las gestiones con los clubes.
Vallejo, señalado por fuentes judiciales como persona de estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, entregó su teléfono celular para ser peritado en el marco de la investigación.
La detención in fraganti de la tesorera y su frase “Sigo órdenes” refuerzan la tesis de la fiscalía sobre la existencia de una cadena de responsabilidades.
La Justicia deberá determinar si el ofrecimiento de colaboración permitirá desentrañar por completo el presunto esquema de lavado que conecta el ámbito financiero con el mundo del fútbol, o si la estructura superior mantendrá el silencio impuesto a sus empleados.
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