La oposición denunció que el nuevo esquema tarifario incluye un “impuesto encubierto” del 3,4% sobre el costo real. El Gobierno negó sobrecargos, aclarando que es una estimación técnica, mientras avanza hacia un sistema binario de subsidios con límites de consumo.
El rediseño del sistema de asistencia estatal para la luz y el gas ha desatado una fuerte controversia legislativa. Desde el Frente Renovador, la diputada Jimena López denunció que el nuevo esquema tarifario oculta un gravamen adicional, al proyectar que los usuarios de mayores ingresos y aquellos que excedan los límites de consumo básico abonarían un 103,4% del valor real de la energía. Según la legisladora, este excedente del 3,4% por sobre el costo de producción funcionaría como un “impuesto encubierto” destinado a financiar obras de infraestructura, una medida que, a su criterio, debería ser sometida a debate en el Congreso y no impuesta por resolución administrativa.
La Secretaría de Energía salió al cruce de estas afirmaciones, calificando la cifra del 103,4% como una simple proyección estadística de CAMMESA y no como una decisión política de cobro. El organismo oficial garantizó que ningún usuario pagará por encima del costo total del servicio y que la meta es normalizar un sistema que históricamente funcionó con precios deprimidos. Sin embargo, en sus informes técnicos, el Gobierno justificó que cualquier recuperación de valores se enmarca en un proceso de saneamiento financiero del sector eléctrico, tras años de cobertura insuficiente de los gastos operativos.
Más allá de la polémica por los porcentajes, el Poder Ejecutivo avanza en la simplificación del régimen de beneficios. El plan consiste en reemplazar la segmentación actual por una estructura de dos categorías: subsidiados y no subsidiados. Bajo esta modalidad, los hogares que perciban menos de tres canastas básicas contarán con un bloque de consumo bonificado —fijado en 150 kWh mensuales para los meses fríos y 300 kWh en temporada estival—, mientras que cualquier excedente por encima de esos topes será facturado a precio de mercado.
Especialistas del sector energético señalan que la diferencia entre los costos estimados y los reales suele generar pequeños desvíos en los balances, pero que esto no implica necesariamente la creación de nuevos tributos. El objetivo final de la cartera de Energía es que, hacia el cierre de 2026, la demanda promedio cubra el 85% de los gastos del sistema nacional. Mientras la oposición mantiene la guardia alta por el impacto en los bolsillos, el oficialismo defiende la transparencia de los nuevos cuadros tarifarios, asegurando que se trata de una transición necesaria hacia la sostenibilidad de la red eléctrica y gasífera.
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