La CIDH denunció la persistencia de centros de detención clandestinos en Venezuela, pese a la reciente liberación de presos políticos. El organismo exigió transparencia al gobierno de Delcy Rodríguez y alertó sobre la falta de supervisión institucional ante graves abusos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su profunda preocupación ante la vigencia de recintos penitenciarios que operan fuera del marco legal en Venezuela. Durante una comparecencia ante la OEA, la comisionada Gloria Monique de Mees subrayó que la continuidad de estos espacios clandestinos evidencia una falta de control estatal y una política de vulneración de derechos fundamentales que no ha cesado. Pese a que el país atraviesa una etapa de transición tras la salida del poder de Nicolás Maduro, el organismo internacional advierte que las instituciones venezolanas carecen de mecanismos de vigilancia que garanticen la integridad de los recluidos.
Desde la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, se ha registrado la salida de aproximadamente 140 prisioneros de conciencia, una cifra que los organismos civiles consideran insuficiente y excesivamente pausada. En este contexto, la CIDH ha reclamado a las autoridades actuales la entrega de datos fidedignos y públicos sobre el estatus de quienes aún permanecen bajo custodia. La entidad hizo especial hincapié en la necesidad de conocer los protocolos aplicados bajo el actual “estado de conmoción exterior”, vigente desde principios de enero, para asegurar que las detenciones no se conviertan en desapariciones forzadas o traslados a sitios desconocidos.
La situación se torna más compleja debido a que la Comisión no ha tenido acceso físico al país para realizar inspecciones independientes desde hace más de dos décadas. Mientras el antiguo mandatario enfrenta procesos judiciales en el extranjero, el nuevo gobierno se encuentra bajo una intensa supervisión de la comunidad internacional y de Estados Unidos, quienes condicionan su apoyo a la restauración plena de las libertades democráticas. La CIDH enfatizó que no basta con excarcelaciones aisladas, sino que se requiere desmantelar la infraestructura represiva que permite la existencia de cárceles secretas y garantizar un sistema de justicia transparente.
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