En un clima global marcado por el avance de políticas segregacionistas, la cineasta argentina despoja las capas de impunidad y despojo territorial en su obra más política.
En un clima global marcado por el avance de políticas segregacionistas, la cineasta argentina despoja las capas de impunidad y despojo territorial en su obra más política.
El estreno de “Nuestra tierra”, programado para este 5 de marzo, no es simplemente un evento cinematográfico; es un choque frontal contra la narrativa de una Argentina que se pretende blanca y europea. En una era donde el discurso de odio ha sido legitimado globalmente —con figuras como Donald Trump y sus políticas de exclusión racial y persecución migratoria marcando la agenda—, la nueva obra de Lucrecia Martel funciona como un espejo incómodo. La directora salta de la ficción al documental para demostrar que el racismo estructural no es una importación estadounidense, sino el cimiento sobre el cual se construyó la propiedad privada en América Latina.
La película es el resultado de 14 años de investigación y una persistencia casi obsesiva por desentrañar el asesinato de Javier Chocobar, comunero de la nación diaguita asesinado en 2009 en Tucumán. Chocobar defendía su territorio frente a un terrateniente cuando fue baleado a plena luz del día. El video del crimen, filtrado en la red, es el punto de partida de un proceso que Martel define como atípicamente extenso y doloroso.
En una profunda conversación con Infobae, la cineasta reflexionó sobre la vigencia absoluta de este conflicto. Según Martel, el país no ha resuelto, ni parece estar cerca de hacerlo, el acceso legítimo a la tierra. “Resolver el tema de la tierra va a ser algo que este país tendrá que enfrentar en algún momento. No me imagino una cosa que se resuelva rápidamente”, señaló a Infobae Cultura. Para la directora, el caso Chocobar es el síntoma de una enfermedad mayor: la impunidad de quienes se consideran dueños por herencia colonial.
El relato judicial que presenta el film es desolador. El crimen ocurrió en 2009, pero el juicio recién se celebró en 2018. Aunque hubo condenas iniciales, los responsables fueron liberados en 2020 bajo la excusa de la inacción judicial durante la pandemia. El asesino principal murió de COVID-19 en libertad, mientras que sus cómplices, dos expolicías, siguen caminando por las mismas calles que la familia de la víctima. Esta “justicia a cuentagotas” es lo que Martel identifica como parte del engranaje del racismo estructural.
En este contexto mundial, donde las fronteras se cierran y se estigmatiza al “otro” —una tendencia alimentada por el racismo sistémico que Trump exportó como modelo de gestión política—, “Nuestra tierra” cuestiona quién posee el derecho legítimo sobre el suelo. Martel vincula directamente la organización republicana con el despojo: las tierras comunales pasaron a ser “tierras fiscales”, un tecnicismo legal que permitió que el Estado borrara la historia de las comunidades originarias.
Uno de los puntos más agudos del análisis de Martel es la relación entre violencia y educación. La directora sostiene que el sometimiento de un ser humano para el beneficio de una minoría requiere primero de la fuerza física, pero se sostiene a largo plazo mediante la descalificación intelectual y la educación. La violencia, según Martel, es un “gasto de energía enorme”, por lo que el sistema prefiere “ahorrar” mediante un aparato educativo que naturalice la jerarquía racial y el derecho de unos pocos sobre el tiempo y el espacio de los demás.
Con un guion firmado junto a María Alché, la película no busca respuestas fáciles, sino que lanza preguntas punzantes sobre la identidad y el despojo en toda América Latina. “Nuestra tierra” llega a las salas no solo como una denuncia, sino como un recordatorio de que mientras el norte construye muros físicos, en el sur, los muros invisibles del racismo y la justicia lenta siguen cobrándose vidas.
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