La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría una ley que busca frenar delitos organizados desde los penales, como estafas y extorsiones. La medida establece un régimen de comunicación controlada para garantizar los derechos de los internos sin comprometer la seguridad pública.
En una sesión clave presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la Legislatura de Chubut sancionó este jueves una ley que prohíbe el uso de telefonía móvil y dispositivos de comunicación dentro de las unidades penitenciarias de la provincia. La iniciativa, que contó con el respaldo de casi todo el arco político, surge como respuesta al crecimiento de actividades delictivas coordinadas desde los pabellones.
El espíritu de la norma radica en recuperar el control estatal sobre los establecimientos de encierro. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que las cárceles funcionen como bases para el crimen organizado.
Seguridad: El objetivo central es prevenir delitos de guante blanco y amenazas extorsivas hacia el exterior.
Resocialización: Los legisladores argumentaron que el orden interno es fundamental para los procesos de reinserción.
Conexión controlada: Para no vulnerar derechos humanos, la ley introduce un sistema de comunicación supervisado por el Estado que reemplazará el uso discrecional de los celulares.
“No podemos permitir que una cárcel sea un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar del cual no se puedan continuar cometiendo delitos”, enfatizó la diputada María Andrea Aguilera durante el debate.
La medida fue acompañada por los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Sin embargo, la votación no fue unánime. Dentro del bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó de forma negativa, postura que también mantuvo el representante del Frente de Izquierda, Juan Aquino.
Por su parte, la diputada Sonia Cavagnini aclaró que esta normativa “no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro”, sino que busca “ordenar” el régimen de visitas y contactos de manera que no afecte a la comunidad.
Tras la aprobación, el Ejecutivo provincial deberá avanzar en la instalación de infraestructuras que permitan la comunicación controlada. Se espera que la reglamentación detalle cómo se gestionarán las llamadas de los internos para mantener los vínculos familiares y legales sin recurrir a dispositivos móviles personales, una práctica que se había flexibilizado en diversas jurisdicciones del país durante la pandemia.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
