La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría una ley que busca frenar delitos organizados desde los penales, como estafas y extorsiones. La medida establece un régimen de comunicación controlada para garantizar los derechos de los internos sin comprometer la seguridad pública.
En una sesión clave presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la Legislatura de Chubut sancionó este jueves una ley que prohíbe el uso de telefonía móvil y dispositivos de comunicación dentro de las unidades penitenciarias de la provincia. La iniciativa, que contó con el respaldo de casi todo el arco político, surge como respuesta al crecimiento de actividades delictivas coordinadas desde los pabellones.
El espíritu de la norma radica en recuperar el control estatal sobre los establecimientos de encierro. Según los fundamentos del proyecto, se busca evitar que las cárceles funcionen como bases para el crimen organizado.
Seguridad: El objetivo central es prevenir delitos de guante blanco y amenazas extorsivas hacia el exterior.
Resocialización: Los legisladores argumentaron que el orden interno es fundamental para los procesos de reinserción.
Conexión controlada: Para no vulnerar derechos humanos, la ley introduce un sistema de comunicación supervisado por el Estado que reemplazará el uso discrecional de los celulares.
“No podemos permitir que una cárcel sea un centro de operaciones clandestinas. Tiene que ser un lugar del cual no se puedan continuar cometiendo delitos”, enfatizó la diputada María Andrea Aguilera durante el debate.
La medida fue acompañada por los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, el Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense. Sin embargo, la votación no fue unánime. Dentro del bloque Primero Chubut-CET, la diputada Tatiana Goic votó de forma negativa, postura que también mantuvo el representante del Frente de Izquierda, Juan Aquino.
Por su parte, la diputada Sonia Cavagnini aclaró que esta normativa “no implica aislar a ninguna persona en contexto de encierro”, sino que busca “ordenar” el régimen de visitas y contactos de manera que no afecte a la comunidad.
Tras la aprobación, el Ejecutivo provincial deberá avanzar en la instalación de infraestructuras que permitan la comunicación controlada. Se espera que la reglamentación detalle cómo se gestionarán las llamadas de los internos para mantener los vínculos familiares y legales sin recurrir a dispositivos móviles personales, una práctica que se había flexibilizado en diversas jurisdicciones del país durante la pandemia.
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