La medida, impulsada bajo la gestión de Javier Milei y Federico Sturzenegger, elimina de forma inmediata más de 900 servicios y ensayos técnicos, dejando al sector de alimentos y bebidas sin el principal respaldo de control de calidad estatal. La resolución del directorio del INTI desarticula la verificación independiente sobre la seguridad alimentaria. Hasta hoy, el instituto funcionaba como un árbitro técnico que garantizaba la calidad y composición de lo que consumen los ciudadanos. Con esta decisión, cesan controles críticos como:
Detección de contaminantes: Se eliminan los análisis de micotoxinas y sustancias tóxicas.
Aditivos y edulcorantes: Ya no habrá seguimiento estatal sobre el uso de aspartamo, sucralosa o sacarina.
Seguridad nutricional: Se suspenden los estudios de vida útil, contenido de cafeína y perfiles de carnes, lácteos y aceites.
En la práctica, esto implica que la vigilancia de los productos quedará exclusivamente en manos de las empresas o laboratorios privados, eliminando la instancia de control público que protegía al consumidor de posibles fraudes o riesgos sanitarios.
Un golpe a la industria nacional
Paradójicamente, la medida también perjudica a las PyMEs que el Gobierno dice defender. El INTI proveía evaluaciones sensoriales y estudios de mercado que permitían a las empresas locales testear productos antes de su lanzamiento. Sin estos servicios, los costos para las pequeñas industrias se dispararán al tener que acudir a consultoras privadas.
La diputada Julia Strada denunció que no se trata de un hecho aislado, sino de una “aniquilación” sistémica. Según fuentes internas, el mecanismo de vaciamiento es perverso: el organismo deja de autorizar viáticos para que los técnicos no puedan visitar las fábricas, lo que deriva en el incumplimiento de contratos y la posterior anulación de convenios.
Cifras del desmantelamiento
La gestión libertaria ha transformado la estructura del instituto en menos de tres años:
| Concepto | Detalle del Ajuste |
| Personal | De 3.030 trabajadores en 2023 a 2.300 en 2026 (730 menos). |
| Facturación | Pérdida del 60% de los ingresos por aranceles debido al cese de servicios. |
| Costos | Aumento de aranceles de entre 400% y 800% para desalentar la demanda. |
Desde ATE INTI advierten que el objetivo final es el traspaso de los cuadros técnicos al sector privado, convirtiendo un servicio público esencial en un negocio arancelado. Mientras el Gobierno celebra el ajuste, la industria argentina pierde su principal soporte tecnológico y los consumidores, su última garantía de seguridad.