BUENOS AIRES — Ante un auditorio colmado de empresarios…
Ante un auditorio colmado de empresarios, líderes de opinión y representantes del sector público, Horacio Rosatti, actualmente el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, llevó el debate legal al centro de la escena económica. Su discurso se centró en la necesidad de consolidar una “seguridad jurídica” que trascienda la coyuntura y brinde certezas tanto a inversores como a ciudadanos por igual.
La Justicia como garante del clima de inversión
Rosatti explicó que la seguridad jurídica se compone de dos factores esenciales. El primero es el regulatorio, que abarca desde la política impositiva y los criterios tarifarios hasta el tipo de cambio. El segundo, y quizás más crítico en su visión, es el institucional, que depende directamente del funcionamiento republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial.
“La seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos sí y para otros no, porque entonces no es seguridad”, sentenció el magistrado, resaltando que cuando la Corte Suprema toma una decisión, esta debe ser de acatamiento obligatorio para todos los tribunales inferiores.
El rol de la Corte: Entre Argentina y Estados Unidos
Durante su intervención, Rosatti comparó el funcionamiento de la Corte Suprema argentina con su par estadounidense, en la cual se inspiró nuestra Constitución de 1853/60. Sin embargo, destacó una diferencia abismal en la carga de trabajo: mientras que la Corte de EE.UU. resuelve cerca de 80 a 100 causas anuales, el tribunal argentino debe procesar aproximadamente 15.000 causas en el mismo período.
Esta saturación responde, en gran medida, al carácter intervencionista de la Corte argentina en conflictos federales que involucran a municipios, provincias y el Estado Nacional. Según Rosatti, esta “necesidad de respuesta” es clave para mantener la estabilidad del sistema.
Calidad institucional: Un nuevo indicador de fortaleza
Para finalizar, el ministro recordó que la fortaleza de una nación no debe medirse únicamente por su crecimiento económico, sino también por indicadores de salud, educación y, fundamentalmente, por la calidad institucional.
El cierre de su alocución dejó un mensaje claro para el sector privado: no hay economía próspera sin instituciones sólidas. La certeza en las decisiones judiciales y el respeto a los fallos de la Corte son los que finalmente brindan “seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión”, permitiendo que todos los actores sociales sepan a qué atenerse.