La tensión entre el Gobierno y el sector salud sumó un capítulo de alivio financiero. El ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó que se inició el proceso de acreditación de fondos para las clínicas, laboratorios y médicos que prestan servicios al PAMI. La medida busca frenar la parálisis en la atención de los casi 6 millones de afiliados, luego de que las cámaras del sector denunciaran un desfasaje de medio billón de pesos en los pagos previstos para este mes.
El desembolso: El Tesoro transfirió $150.000 millones el lunes para iniciar los pagos.
La deuda: Prestadoras reclaman $500.000 millones; PAMI sostiene que la mayoría es “facturación vigente” con margen de pago.
Ajuste real: Un informe de la OPC reveló que el gasto en prestaciones del PAMI cayó un 41,3% real en el primer trimestre.
Financiamiento: Ante la insuficiencia de los aportes jubilatorios, la obra social depende críticamente de la asistencia directa del Tesoro Nacional.
“Un ibuprofeno para una enfermedad terminal”
A pesar del giro de fondos, el clima en el sector privado sigue siendo de escepticismo. Fuentes de las cámaras prestadoras calificaron el monto como insuficiente para revertir la crisis estructural que atraviesan los establecimientos. La situación se agrava por el paro iniciado este lunes por los médicos de cabecera, quienes exigen una actualización de los aranceles, actualmente fijados en valores que consideran irrisorios.
Desde el PAMI, su titular Esteban Leguizamo mantiene el foco en las auditorías. La obra social advirtió que existen “desvíos” y facturaciones sin respaldo documental en rubros como el de las ópticas, lo que justifica parte de las demoras en los pagos. “No hay un recorte, sino un retraso de fondos”, aseguran desde el Ministerio de Salud, remarcando que se están revisando las cuentas para optimizar el gasto.
El fantasma de la Emergencia Sanitaria
El conflicto con el PAMI es solo la punta del iceberg de una crisis sanitaria más amplia. Las prestadoras enfrentan además retrasos sistemáticos de otras obras sociales como IOMA y la incertidumbre por el vencimiento de la Ley de Emergencia Sanitaria a fin de año.
Contribuciones patronales: El régimen de exención vence el 31 de diciembre de 2026.
Riesgo de embargos: ARCA (ex AFIP) tiene identificados a 5.000 establecimientos sujetos a procesos fiscales por deudas acumuladas durante décadas.
Inviabilidad: Los planes de pago propuestos anteriormente por el Estado no han tenido éxito, dejando a miles de instituciones de salud en una situación de extrema vulnerabilidad financiera.
La normalización de los pagos de esta semana es vista por el Gobierno como un paso necesario para calmar las aguas mientras se redefine el esquema de financiamiento de la salud pública y privada para los próximos años.