Estados Unidos sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a funcionarios y mineras nicaragüenses. Washington los acusa de manejar una red de empresas fachada para blanquear activos y confiscar ilegalmente propiedades estadounidenses vinculadas al sector aurífero.
La administración estadounidense ha endurecido las restricciones económicas contra el círculo íntimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo al penalizar a dos de sus descendientes, Daniel Edmundo y Maurice Facundo, junto con un grupo de funcionarios y compañías vinculadas a la explotación de oro. El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, señaló que estas medidas responden a la creación de un entramado de firmas fantasma utilizado para el blanqueo de capitales y la financiación de la estructura política nicaragüense. Según la acusación formal, el régimen habría confiscado ilegalmente activos y plantas de procesamiento pertenecientes a inversores de Estados Unidos para luego comercializar el mineral en mercados internacionales sin otorgar indemnización alguna. Entre los individuos alcanzados por las sanciones también figura el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez Tapia, acusado de facilitar la ocupación forzosa de explotaciones privadas para consolidar el poder dinástico de la familia gobernante. Washington sostiene que desde 2020 se ha instrumentalizado el sector minero como una herramienta de control estatal y de evasión de sanciones previas, asignando roles estratégicos a los hijos de la pareja presidencial para perpetuar sus objetivos políticos.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
Venezuela otorgó una licencia a la empresa británica Shell para explotar y exportar gas en el campo Loran, inactivo por 23 años. La medida, enmarcada en una reforma legal tras cambios políticos, busca frenar pérdidas económicas y daños ambientales.
Michelle Bachelet defendió su candidatura a la secretaría general de la ONU en Ginebra, minimizando un posible veto de las potencias mundiales. Apoyada por Brasil y México, pero sin el respaldo del gobierno chileno, propuso una gestión independiente y ágil.
Casación rechazó un planteo de los presuntos presuntos testaferros de Pablo Toviggino para frenar el expediente por lavado de activos que involucra bienes vinculados a la dirigencia del fútbol argentino.
El arquero argentino sufrió una fractura menor en un dedo sobre el final de la temporada.
