El sistema democrático en Perú enfrenta un escenario de alta tensión tras las elecciones generales del pasado 12 de abril. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó formalmente incluir a Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en la investigación por presunta colusión agravada.
La medida alcanza también a otros cinco altos funcionarios del organismo, vinculados a la contratación de la empresa de transportes Gálaga S.A.C., responsable de la distribución del material electoral.
Colapso de la cadena logística
Informes de la Contraloría General de la República revelaron una serie de fallos operativos que impidieron la apertura puntual de los centros de votación. Aunque el organismo electoral disponía de 30,000 computadoras portátiles desde septiembre de 2025, la distribución de los equipos comenzó apenas cinco días antes de los comicios.
Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, admitió que la entidad decidió utilizar miles de estos equipos para capacitaciones previas sin contar con un plan de retorno eficiente, lo que provocó que el embalaje y despacho final se extendiera hasta la madrugada misma de la votación.
Contradicciones y medidas judiciales
La crisis institucional se agravó por las versiones encontradas entre la ONPE y la empresa proveedora. Mientras la defensa de Gálaga sostiene que sus unidades esperaron hasta 24 horas debido a que el personal oficial no entregaba la carga informática, la dirección de la ONPE responsabilizó inicialmente al transporte por los retrasos.
En este contexto, José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral, fue detenido tras confirmarse que impuso cronogramas de entrega imposibles de cumplir, ignorando las advertencias técnicas sobre los tiempos de ruta en Lima Metropolitana.