El organismo de seguridad social nacional definió los nuevos importes que percibirán los beneficiarios del sistema previsional y los titulares de asignaciones durante el quinto mes del año. Siguiendo el mecanismo de movilidad mensual vinculado al costo de vida, se determinó un ajuste del 3,38% basado en la inflación registrada por el INDEC durante marzo. Esta medida, oficializada mediante las resoluciones 110 y 111 de este año, eleva el piso de la jubilación ordinaria a $393.174,10, mientras que el techo máximo de haberes asciende a $2.645.689,38. Para compensar la pérdida del poder de compra, la administración central mantendrá la vigencia del suplemento extraordinario de 70 mil pesos, garantizando que el ingreso más bajo del escalafón alcance un total de $463.174,10.
La actualización no solo abarca a los jubilados del SIPA, sino que también reconfigura los montos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que se sitúa en $314.539,28, y la Prestación Básica Universal, fijada en $179.859,20. En paralelo, la normativa ajusta las bases para el cálculo de aportes salariales, estableciendo un rango que va desde los $132.420,94 hasta los $4.303.619,01. Este reordenamiento financiero es clave para sostener el equilibrio del sistema en un contexto de precios volátiles, asegurando que los parámetros de contribución y pago se mantengan alineados con la realidad económica del país.
En lo que respecta al universo de las asignaciones sociales y familiares, el incremento también modifica los pagos por eventos vitales y de protección social. A modo de ejemplo, el subsidio por nacimiento se ubicó en $82.353 y el de adopción en $492.366, mientras que la ayuda escolar anual para quienes están bajo relación de dependencia quedó establecida en $55.672 como valor base. Los diversos rangos de ingresos del grupo familiar determinarán los montos finales para asignaciones prenatales y por hijo, que en su categoría más baja percibirán $70.651. Estos cambios, que rigen para las liquidaciones cursadas a partir de mayo, buscan dar previsibilidad a millones de familias y sectores vulnerables que dependen de la actualización automática de sus ingresos estatales.