Efectivos policiales realizaron allanamientos en Fuerte Apache y 15 villas porteñas tras semanas de violencia. El despliegue resultó en más de 30 detenidos y la clausura de búnkeres de droga. Los vecinos exigen seguridad permanente ante el temor constante.
La jornada del jueves estuvo marcada por un despliegue de seguridad masivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En la provincia de Buenos Aires, más de 1500 efectivos de la Policía Bonaerense avanzaron sobre el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se ejecutó el operativo “Tormenta Negra” con un número similar de uniformados en diversos asentamientos porteños.
En Ciudadela, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, supervisó 14 allanamientos realizados desde la madrugada. La intervención contó con apoyo aéreo y el despliegue de comandos urbanos.
El saldo en este distrito fue de 11 personas arrestadas, de las cuales ocho estarían vinculadas directamente al comercio minorista de estupefacientes. Además, las fuerzas de seguridad incautaron armas de fuego, municiones y vehículos con pedido de secuestro activo.
Alonso explicó que la investigación permitió identificar los domicilios donde se refugiaban miembros de dos organizaciones enfrentadas. Según el funcionario, los operativos respondieron a las balaceras ocurridas a fines de abril, que dejaron varios heridos, incluido un civil de 68 años ajeno a los conflictos.
No obstante, el principal objetivo de la causa, un hombre apodado “Gordo Tilín”, no pudo ser localizado durante las requisas y permanece prófugo.
Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una saturación policial en 17 barrios populares, entre ellos la Villa 31, Zavaleta y la 1-11-14. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presenció las tareas en Retiro, donde se clausuraron búnkeres de venta de drogas mediante la construcción de paredes internas para evitar su reapropiación.
En territorio porteño, el procedimiento finalizó con al menos 20 detenidos y el decomiso de dosis de cocaína listas para la comercialización.
A pesar de la magnitud del despliegue, el clima entre los residentes de las zonas intervenidas osciló entre el alivio y el escepticismo. Testimonios recogidos en el barrio Ejército de los Andes dieron cuenta de un “toque de queda” no oficial que rige a partir de las 21:00 por el dominio de las bandas.
Algunos vecinos calificaron la presencia policial como una acción reactiva y denunciaron que la vigilancia disminuye una vez que finalizan los operativos de alto perfil.
La clausura de puntos de venta y la detención de integrantes de las bandas plantean un escenario de tensa calma. Las autoridades confirmaron que las tareas de búsqueda para hallar a los responsables de los homicidios de abril continuarán en las próximas semanas.
Queda por ver si esta presencia policial se traducirá en una transformación real de la vida cotidiana de los vecinos o si será una medida temporal frente a una problemática estructural.
Lo hizo a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la cual también solicitó “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”.
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