El juez federal Ariel Lijo dispuso el archivo de la denuncia presentada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal Todo Noticias (TN). La acusación oficial sostenía que el uso de dispositivos de grabación ocultos en anteojos dentro de la sede de Gobierno representaba una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, el magistrado concluyó que las imágenes difundidas en el programa “Y mañana qué?” no revelaron datos sensibles ni comprometieron el funcionamiento de la custodia presidencial.
En su resolución, Lijo subrayó que el material audiovisual muestra únicamente espacios comunes y aspectos generales del edificio, los cuales carecen de carácter secreto. De hecho, el fallo aclara que no se observaron sistemas de vigilancia, áreas reservadas ni despachos privados en las grabaciones. El juez enfatizó que los hechos denunciados quedan fuera del ámbito del derecho penal, ya que no se verificó la filtración de información clasificada que pusiera en peligro la integridad del Estado o de sus funcionarios.
Un material disponible en Google Street View
Uno de los argumentos centrales para desestimar la denuncia fue la accesibilidad pública de los espacios filmados. El fallo destaca que lugares como el Patio de las Palmeras, el Salón de Bustos y el Salón Blanco son habitualmente registrados por turistas y estudiantes durante las visitas guiadas. Además, el magistrado recordó que desde el año 2016 estos sectores pueden visualizarse detalladamente a través de Google Street View, lo que invalida la hipótesis de que los periodistas hayan “descubierto” información reservada.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita resultó determinante para el cierre del caso. Pollicita coincidió en que la labor de Salerno —acreditado en la Rosada desde 2023— no configuró ningún delito, ya que las imágenes se limitaron a registrar pasillos de libre tránsito. Esta postura fiscal desactivó la pretensión oficial de encuadrar el ejercicio periodístico como un acto de espionaje, protegiendo así el derecho a la libertad de información en el ámbito de los edificios públicos.
Sanciones administrativas y restricciones a la prensa
Si bien se descartó el delito penal, la Casa Militar invocó una resolución de la Secretaría de Comunicación y Medios que prohíbe grabar en áreas no habilitadas. No obstante, el marco normativo establece que la revocación de la acreditación solo procede en caso de reincidencia, situación que no se dio con los cronistas involucrados. Pese a esto, el episodio derivó en una suspensión de acceso para todos los acreditados durante 11 días y la imposición de nuevas restricciones de circulación interna.
La periodista Luciana Geuna había defendido previamente el trabajo realizado, señalando que los registros obtenidos son idénticos a los que miles de ciudadanos suben diariamente a sus redes sociales. Con la confirmación judicial de que no hubo infracción penal, el caso queda reducido a una controversia por el reglamento interno de convivencia en la sede gubernamental, cerrando un capítulo de tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y la prensa acreditada.