El despliegue en la frontera metropolitana
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó la denominada Operación Muro, un procedimiento de control de tránsito y seguridad que cubrió 24 kilómetros de accesos y puentes sobre la avenida General Paz y la traza natural del Riachuelo. La fiscalización amplia abarcó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, distribuidos en 16 puntos estratégicos mediante puestos móviles y fijos.
Jorge Macri defendió las tareas de control de borde y argumentó que la medida representa un aporte directo a la seguridad local. El jefe de Gobierno porteño declaró que el territorio bonaerense carece de una política criminal prioritaria y que la administración vecina debería celebrar estos operativos, bajo la premisa de que cada detención beneficia a los residentes de ambos lados de la traza vial.
El debate por el origen del delito y los costos públicos
La Jefatura de Gobierno respaldó las acciones preventivas con estadísticas institucionales. El mandatario capitalino sostuvo que la mitad de los delitos cometidos en territorio porteño corresponden a personas que residen fuera de esa jurisdicción, situación que fundamenta la necesidad de fiscalizar a quienes circulan sin la documentación reglamentaria, patentes o coberturas de seguro vigentes.
Paralelamente, la conducción de la Ciudad de Buenos Aires adelantó la intención de reclamar a las autoridades provinciales el reembolso de los gastos derivados de los servicios públicos esenciales.
La iniciativa contempla la facturación de las prestaciones de salud en hospitales públicos y la asistencia en paradores para personas en situación de calle que provienen del conurbano bonaerense, tras argumentar que los recursos locales sufren una sobrecarga por demandas insatisfechas en la provincia vecina.