Axel Kicillof cuestionó la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni y denunció un trato judicial desigual, tras la rectificación de la declaración jurada que reveló ahorros en criptomonedas fuera del sistema bancario.
Axel Kicillof cuestionó la investigación patrimonial sobre Manuel Adorni y denunció un trato judicial desigual, tras la rectificación de la declaración jurada que reveló ahorros en criptomonedas fuera del sistema bancario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la situación del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, tras las investigaciones iniciadas en torno al patrimonio del funcionario nacional.
Durante una recorrida de gestión ante los medios de comunicación, el mandatario provincial aseguró que de tratarse de un dirigente peronista el desenlace judicial de la causa sería la prisión inmediata.
La controversia se originó luego de que el funcionario nacional presentara sus declaraciones juradas rectificativas de los períodos 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).
En dichas presentaciones, Adorni admitió la existencia de ahorros no declarados junto a su esposa Bettina Angeletti, consistentes en un capital equivalente a unos 500.000 dólares en Bitcoin, resguardados en una billetera fría (cold wallet) fuera del sistema financiero tradicional.
Kicillof apeló al uso de la ironía para manifestar su escepticismo frente a las explicaciones técnicas del funcionario y declaró que se encontraba buscando un dispositivo similar para obtener recursos destinados a las arcas de su jurisdicción.
Asimismo, el mandatario bonaerense analizó el tratamiento político de la situación y sugirió que los sectores antiperonistas y un sector del Poder Judicial aplican un criterio diferenciado ante hechos de similar naturaleza.
Paralelamente, la Justicia Federal mantiene bajo la lupa los números presentados por el entorno del jefe de Gabinete. El fiscal Gerardo Pollicita instruye una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, en cuyo expediente constan registros de gastos por 408.662 dólares y deudas por 335.000 dólares.
El patrimonio declarado bajo examen incluye también un departamento en el barrio de Caballito, obtenido mediante un anticipo de 30.000 dólares, y una propiedad inmueble en Indio Cuá adquirida por 120.000 dólares, cuyas reformas edilicias generaron discrepancias entre los 170.000 dólares declarados por el funcionario y los 245.000 dólares estimados por el contratista.
El escenario político del funcionario de la administración nacional se complejizó tras las solicitudes formales remitidas a la Unidad de Información Financiera (UIF). El requerimiento busca determinar de forma precisa la trazabilidad del origen de los fondos, así como la validez legal de las rectificaciones patrimoniales tardías presentadas por el entorno de Manuel Adorni en las últimas horas.
La acumulación de cuestionamientos generó reacciones internas en el arco oficialista, donde diversos aliados comenzaron a manifestar malestar por el impacto de la investigación en la imagen pública del Gobierno. ¿Lograrán los mecanismos de control institucional esclarecer de forma definitiva las inconsistencias patrimoniales detectadas, o la discusión continuará dirimiéndose principalmente en el terreno de las disputas políticas partidarias?
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