La jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich consiguió el aval de la oposición dialoguista para postergar una semana la sesión ordinaria de la Cámara alta. El acuerdo parlamentario otorgó un plazo extra al Poder Ejecutivo en medio de los reclamos opositores para interpelar al jefe de Gabinete Manuel Adorni, debido a presuntas deudas éticas y un marcado crecimiento patrimonial registrado en el último año.
Como contrapartida para desactivar el debate inmediato, el oficialismo aceptó incorporar el pedido de interpelación en el temario del próximo jueves 25 de junio. Si la iniciativa obtiene la mayoría absoluta de 37 votos en el recinto, el funcionario enfrentará un duro cuestionamiento el 2 de julio.
Aquel día coincidirá con la fecha que el propio ministro coordinador fijó para brindar su informe de gestión. De no conformar las respuestas a las bancadas, los bloques impulsarán una moción de censura para exigir su remoción definitiva.
Negociaciones en los despachos
El entendimiento definitivo cristalizó tras intensas reuniones en las oficinas de la Unión Cívica Radical, conocida como UCR. De las conversaciones bilaterales participaron el presidente de la bancada anfitriona Eduardo Vischi y sus pares de Pro, Martín Goerling; de Provincias Unidas, Carlos Espínola; y de Convicción Federal, Carolina Moisés. También asistieron los legisladores provinciales Natalia Gadano, Carlos Arce y la salteña Flavia Royón.
Tras alcanzar el pacto, el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala anunció el resultado antes de ingresar a la reunión de Labor Parlamentaria, un encuentro que encabezó la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel junto a los kirchneristas José Mayans y Juliana Di Tullio.
Ante el nuevo escenario, los representantes de la oposición dura aceptaron la postergación al constatar que su postura quedaba en minoría. Sin embargo, el malestar dentro del cuerpo legislativo persistió.
Goerling advirtió que la gestión se encontraba paralizada, mientras que Royón afirmó que el Congreso intervendría si la Casa Rosada omitía tomar una decisión. Las sospechas judiciales sobre Adorni escalaron luego de revelarse detalles sobre el uso del avión presidencial en viajes a Nueva York y la compra de inmuebles con dólares en efectivo.