Por presuntas maniobras de lavado de dinero, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió citar a indagatoria al exlegislador José Luis Espert. La causa analiza transferencias de 200.000 dólares provenientes de una cuenta asociada al empresario aeronáutico Fred Machado.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó formalmente la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert. La medida responde a una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero originadas en una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en 2020.
El dinero provino de una cuenta radicada en Estados Unidos perteneciente al empresario aeronáutico Federico Machado, quien recientemente admitió ante la Justicia norteamericana la comisión de delitos de fraude y lavado de activos.
Paralelamente, el requerimiento del Ministerio Público abarca a la sociedad comercial Varianza SA, vinculada al exlegislador, bajo la sospecha de haber confeccionado informes contables falsos destinados a blanquear los fondos recibidos.
Asimismo, el dictamen fiscal incluyó el pedido de citación para Mariano Cosentino, contador público de Espert, por su presunta participación en el entramado de las operaciones bajo análisis. La decisión final sobre el avance del trámite quedó a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.
De acuerdo con las constancias del expediente judicial, el vínculo entre el exlegislador y el empresario comenzó durante la campaña presidencial de 2019, período en el cual Machado brindó apoyo logístico y financiero al dirigente liberal.
El origen directo de la causa judicial actual se centra en un contrato firmado en 2020 por un monto global de un millón de dólares, del cual se acreditó el desembolso inicial de la cifra bajo investigación.
Ante el inicio de las actuaciones judiciales, el excandidato presidencial aclaró públicamente que los fondos correspondían a los honorarios de un contrato de consultoría profesional. El objetivo declarado del servicio consistía en asesorar al empresario en una explotación de minería ubicada en Guatemala.
Sin embargo, los investigadores judiciales desestimaron la veracidad de dicha justificación técnica. La fiscalía constató que las áreas mineras mencionadas en la documentación no registraban actividad operativa al momento del acuerdo.
Además, el reporte migratorio determinó que el economista nunca viajó a dicho país centroamericano y la causa penal no constató pruebas materiales de la realización de las tareas profesionales declaradas.
Conforme a la hipótesis de los investigadores, el dinero recibido se utilizó para la adquisición de bienes de consumo con el propósito de otorgar apariencia lícita a los recursos bajo sospecha. El dictamen fiscal señaló que los fondos se destinaron a la compra de automóviles de las marcas BMW y Lexus, además de integrarse en pagos dirigidos al fideicomiso Dunas.
Por orden de la Justicia federal, el dirigente político mantiene la totalidad de sus bienes congelados desde diciembre pasado. La restricción patrimonial impide la venta de sus propiedades inmuebles y bloquea la libre disponibilidad de sus cuentas bancarias, con excepción de las sumas fijadas por el juzgado para cubrir los gastos de subsistencia cotidianos.
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