Autoridades sudafricanas movilizaron recursos policiales y militares para contener los ataques contra comunidades migrantes, ante la inminencia de un paro nacional convocado por agrupaciones antiinmigración que provocó el desplazamiento de 20.000 personas en centros de evacuación.
El Servicio de Policía de Sudáfrica y las Fuerzas de Defensa Nacional coordinaron un despliegue de seguridad ante el vencimiento del plazo fijado por organizaciones civiles para que los extranjeros indocumentados abandonen el territorio. La convocatoria a una huelga general aumentó la preocupación comunitaria en los principales centros urbanos del país.
Organizaciones vecinales agrupadas en torno a colectivos como March & March y Operation Dudula promueven movilizaciones bajo el argumento de que la presencia extranjera precariza el empleo local y satura la infraestructura sanitaria. Los portavoces de estos movimientos se desvincularon de los desórdenes recientes, aunque señalaron la falta de control sobre sus bases.
La provincia de KwaZulu-Natal registró incidentes graves en las últimas semanas. En Pietermaritzburg, un ciudadano de Malaui de 29 años falleció tras ser agredido por un grupo de manifestantes en el asentamiento de Jika Joe. El incidente provocó el desplazamiento de personas hacia un edificio fiscal desocupado en Mayors Walk.
El miembro del Consejo Ejecutivo Provincial de Obras Públicas, Martin Meyer, informó que las instalaciones carecen de servicios sanitarios y agua potable, presentando además deficiencias estructurales. No obstante, las autoridades locales descartaron un desalojo judicial inmediato por razones estrictamente humanitarias.
Paralelamente, los centros de evacuación temporal gestionados por el Gobierno en Durban y Pietermaritzburg albergan a unas 20.000 personas que solicitaron su repatriación voluntaria.
El portavoz de la Cruz Roja en Durban, Siyabonga Hlatshwayo, confirmó la distribución de asistencia básica y detalló que se constató el nacimiento de 17 bebés dentro de estos refugios durante la contingencia.
El comisionado de la policía de Gauteng, el teniente general Tommy Mthombeni, anunció la implementación de un plan operativo de tres fases que involucra a más de 13.000 efectivos, entre policías y agentes de tránsito. La estrategia contempla el monitoreo de puntos críticos mediante helicópteros, drones y una red de 33.000 cámaras de vigilancia.
Las autoridades de la provincia aseguraron el abastecimiento de insumos de control de disturbios, como munición de goma, para evitar el desabastecimiento registrado durante los desórdenes públicos de julio de 2021. Mthombeni enfatizó que la exigencia de documentación en la vía pública es una atribución exclusiva del Estado.
Por su parte, el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia, detalló que el Gobierno destinó un presupuesto aproximado de 600 millones de rands para las operaciones de contención.
La firma de seguridad privada Fidelity aportará vehículos blindados y personal técnico, mientras que la ministra de Defensa, Angie Motshekga, ratificó la disponibilidad del ejército en caso de desbordamiento.
Los gobiernos de Ghana, Mozambique, Nigeria y Malaui iniciaron programas de asistencia consular y evacuación para sus ciudadanos. La cancillería de Ghana solicitó formalmente que la problemática sea incorporada en la agenda de discusión de la Unión Africana para evaluar el estatus de los trabajadores migrantes en la región.
Frente a la crisis diplomática, el presidente de la Nación, Cyril Ramaphosa, emitió un mensaje oficial donde condenó el vigilantismo ciudadano y los ataques hacia comercios regentados por extranjeros.
El primer mandatario argumentó que las dificultades económicas de la población no se resolverán mediante la violencia, aunque prometió revisar las políticas de control fronterizo.
Estadísticas oficiales de Sudáfrica de la gestión 2022/23 estiman la presencia de entre 2,4 y 3 millones de inmigrantes en el país. El Ministerio del Interior reportó la deportación de 100.000 personas en los últimos dos años, en un escenario donde el desempleo general supera el treinta por ciento.
Las delegaciones diplomáticas locales continúan las gestiones ante las autoridades correspondientes para garantizar la integridad de las comunidades residentes de cara a las movilizaciones programadas.
Luego de registrarse el sorpresivo hallazgo de un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclaje de Río Cuarto, las autoridades aislaron preventivamente este miércoles a ocho operarios mientras especialistas nucleares descartaban riesgos para la salud.
El instituto estadístico informó que la brecha de ingresos en Argentina se expandió durante los primeros tres meses de 2026, impulsada por la persistencia de la informalidad laboral y las marcadas diferencias de género en el mercado.
Daniel Castellani falleció este jueves a los 65 años en Buenos Aires luego de atravesar un tratamiento oncológico. La federación nacional confirmó el deceso del actual director técnico del seleccionado femenino y prócer del deporte local.
Ante el proyecto parlamentario para derogar la ley de alimentación saludable, la Sociedad Argentina de Cardiología rechazó la eliminación del etiquetado frontal por considerarlo una herramienta médica indispensable para prevenir afecciones cardíacas en el país.
Una agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria resultó aprehendida en el conurbano bonaerense, imputada por sedar y desvalijar a un ciudadano de 64 años tras un encuentro coordinado mediante una plataforma digital de citas.
El argentino, que atraviesa un gran momento, viene de sumar un punto en el GP de Barcelona.
Luego de los dos terremotos que causaron 164 muertes en el centro de Venezuela, la conductora Catherine Fulop confirmó que su familia está a salvo, aunque advirtió sobre daños edilicios en la vivienda de su madre.
Autoridades sudafricanas movilizaron recursos policiales y militares para contener los ataques contra comunidades migrantes, ante la inminencia de un paro nacional convocado por agrupaciones antiinmigración que provocó el desplazamiento de 20.000 personas en centros de evacuación.
