Ante el juzgado federal de San Isidro, José Luis Espert negó las acusaciones por presunto lavado de 200.000 dólares. El legislador en uso de licencia presentó un escrito defensivo, pero evitó responder las preguntas del tribunal.
Ante el juzgado federal de San Isidro, José Luis Espert negó las acusaciones por presunto lavado de 200.000 dólares. El legislador en uso de licencia presentó un escrito defensivo, pero evitó responder las preguntas del tribunal.
El diputado nacional en uso de licencia, José Luis Espert, se presentó este martes en el Juzgado Federal Número 2 de San Isidro para cumplir con la citación a declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
En ese sentido, el economista optó por no responder preguntas del tribunal y, en su lugar, entregó un escrito formal acompañado de documentación que, según su defensa, ratifica la legalidad de los fondos bajo sospecha.
La investigación, llevada adelante por el fiscal federal Fernando Domínguez ante el juez Lino Mirabelli, busca determinar la legitimidad de una transferencia de 200.000 dólares que el legislador recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, el dinero provino de una firma ligada a la organización de Federico “Fred” Machado, empresario aeronáutico detenido en el país norteamericano tras admitir cargos por lavado de activos y fraude comercial.
Para el Ministerio Público Fiscal, el dinero percibido por el economista formó parte de una simulación contractual. El fiscal Domínguez sostuvo que el contrato de asesoramiento por un total de un millón de dólares con la firma Minas del Pueblo, ubicada en Guatemala y de la cual Machado era propietario, se confeccionó con posterioridad al movimiento de los fondos para otorgarle una apariencia lícita a la transacción.
Los investigadores señalaron que el legislador carecía de experiencia previa en el rubro de la minería y que no se registraron viajes hacia el país centroamericano en las fechas de la supuesta firma del acuerdo.
Según la hipótesis judicial, los fondos habrían sido introducidos al mercado doméstico mediante la adquisición de dos automóviles de alta gama, modelos BMW y Lexus, y a través del financiamiento de un fideicomiso inmobiliario en la localidad balnearia de Costa Esmeralda.
Por su parte, los abogados patrocinantes de Espert hicieron público un comunicado donde afirmaron que la transferencia corresponde a un acuerdo de servicios profesionales real y documentado.
La defensa aportó once correos electrónicos institucionales intercambiados entre mayo y septiembre de 2019, meses antes del depósito investigado, con el objetivo de demostrar la gestación y ejecución cronológica de la actividad comercial.
Asimismo, los representantes legales solicitaron al juez Mirabelli que reasuma de manera personal la dirección de la pesquisa, desplazando la delegación que actualmente posee la Fiscalía.
Entre las medidas solicitadas, requirieron la citación de los testigos que participaron en las cadenas de correos y pidieron informes a organismos públicos para acreditar que, al momento de celebrar el convenio, no existían impedimentos legales ni alertas fiscales sobre las empresas de Machado.
El caso judicial generó un fuerte impacto en el escenario político durante el año pasado, cuando el economista debió declinar su postulación como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires dentro de la estructura de La Libertad Avanza.
Frente a este desplazamiento, el oficialismo reestructuró sus listas promoviendo a Diego Santilli, quien actualmente se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación tras la dimisión de Manuel Adorni. A pesar del proceso, el presidente Javier Milei respaldó públicamente al economista en reiteradas oportunidades.
Paralelamente, la Justicia mantiene vigentes las medidas cautelares confirmadas por la Cámara de San Martín. La inhibición general de bienes alcanza al legislador, a su esposa María Mercedes González, a su hijastro Manuel Iglesias y a las firmas comerciales vinculadas al entorno familiar, incluido el Fideicomiso Costa Dunas.
El proceso también involucra al contador Mariano Cosentino y a la sociedad jurídica Varianza SA por presunta participación en la estructura de los movimientos financieros.
El descargo escrito y la impugnación a los procedimientos de la fiscalía abren un nuevo escenario técnico en los tribunales de San Isidro.
Resta dirimir si la incorporación de los soportes digitales de 2019 resulta suficiente para convalidar el origen de las divisas o si la instrucción avanzará hacia el procesamiento basándose en la falta de actividad real de la minera guatemalteca. El discernimiento sobre el efectivo conocimiento del imputado respecto a las actividades comerciales de su contratante continuará bajo análisis judicial.
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