Estados Unidos amplió las sanciones contra Cuba al restringir las transacciones del Ministerio de Turismo y otras nueve entidades estatales. La medida busca cortar los ingresos del gobierno de la isla, que atraviesa una severa crisis energética y de infraestructura.
La diplomacia estadounidense intensificó las medidas de asfixia financiera sobre la nación caribeña mediante la incorporación de nuevos organismos estatales a su nómina de restricciones operativas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro, formalizó la inclusión del Ministerio de Turismo y de otras nueve corporaciones públicas en sus registros de prohibición de transacciones. Desde la conducción del Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, se argumentó que estas determinaciones buscan cortar los flujos de divisas hacia el aparato gubernamental de la isla, al que acusan de sostener estructuras de control interno y agrupaciones civiles armadas orientadas a neutralizar el descontento social.
Esta nueva ofensiva de la administración norteamericana coincide con el anuncio de un conjunto de flexibilizaciones comerciales impulsadas por el gobierno cubano, las cuales contemplaban la apertura a capitales totalmente extranjeros en la hotelería y una mayor descentralización para las importaciones privadas. No obstante, las autoridades de la Casa Rosada desestimaron tales propuestas por considerarlas meras maniobras cosméticas y tardías que no modifican el panorama de libertades civiles en la isla. El paquete sancionatorio incide especialmente en consorcios de transporte marítimo, aseguradoras estatales y firmas dedicadas a la comercialización de carburantes, cerrando aún más el círculo sobre el aprovisionamiento de suministros críticos para el país.
El endurecimiento de las penalizaciones de Washington agudiza la compleja situación logística que atraviesa la isla, caracterizada por una severa inestabilidad en el suministro eléctrico y una pronunciada parálisis en el transporte terrestre debido a la escasez de combustibles. El turismo, considerado uno de los principales ingresos de divisas para el Estado cubano, ya experimentaba una fuerte retracción tras la suspensión de operaciones de diversas aerolíneas y el embargo sobre los cargamentos petroleros. La estrategia de restricción de transacciones bancarias internacionales continúa limitando la capacidad de compra de insumos básicos en los mercados globales, lo que ha generado advertencias de diversos observadores sobre el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población.
La reacción de las autoridades cubanas no se hizo esperar en los canales digitales oficiales. La Cancillería de la isla apuntó contra el equipo de colaboradores del gobierno estadounidense, señalando que la formulación de estas directivas responde a presiones de sectores de la emigración radicados en Florida para legitimar medidas de asfixia económica que perjudican directamente a los ciudadanos. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, por el contrario, insistieron en que continuarán utilizando los mecanismos punitivos disponibles para forzar una transición política y económica en el territorio insular, vinculando el anuncio a fechas conmemorativas de recientes movilizaciones civiles.
El principal desafío no pasa por elegir la moneda “correcta”, sino por desarrollar el hábito de ahorrar de manera sistemática.
“Los grandes anuncios ya se hicieron”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.
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