La tensión económica se traslada de lleno a las góndolas y a los despachos oficiales. En un escenario complejo marcado por una recaudación impositiva que cae más del 5% real en lo que va del año, el Poder Ejecutivo resolvió avanzar con una agresiva estrategia de fiscalización comercial para combatir la evasión. La iniciativa tomó impulso definitivo tras un encuentro clave entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y los principales directivos del supermercadismo nacional. La meta oficial es saldar una deuda histórica del Estado: ampliar de forma urgente la base de contribuyentes.
La decisión de afilar los controles responde a un reclamo crónico de las grandes cadenas integradas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU). El sector privado asegura encontrarse “al borde del abismo” debido al persistente desplome de las ventas, que en el primer cuatrimestre acumuló una baja del 3,3% anual según datos del INDEC. Ahogados por la imposibilidad de trasladar los costos totales de la inflación a los precios de góndola, defienden su posición aclarando que sostienen el 100% del empleo registrado. La crisis sectorial ya muestra heridas graves: la cadena Libertad debió ser vendida recientemente y Carrefour llegó a evaluar seriamente su salida del mercado local.
Para dar caza a la economía informal, que los analistas estiman entre el 50% y el 60% promedio del comercio —escalando a un alarmante 65% en el rubro de la carne—, el Gobierno planea estructurar una avanzada tecnológica. La intención es cruzar datos masivos e implementar herramientas de inteligencia artificial. El espejo en el que se miran es la exitosa campaña de la AGIP porteña en 2019, que persiguió la subdeclaración en comercios de cercanía que manejaban grandes volúmenes de facturación en negro pero eludían el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. “Es fácil hacer la trazabilidad si alguien tiene ingresos por $3 millones y gasta cuatro veces más”, grafican desde las cadenas formales, apuntando contra lo que denominan una “negrocidad de activos”.
La cumbre económica no se limitó únicamente a la recaudación fiscal. De las mesas de diálogo participaron también el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el titular de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero. La presencia de este último destapó el malestar empresarial respecto a la presión del costo laboral, que hoy representa más de la mitad de los gastos operativos de las cadenas.
Los empresarios manifestaron su enojo con la cartera laboral por convalidar las estadísticas que reflejan una pérdida del 10,5% en el poder adquisitivo de los empleados de comercio entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Al mismo tiempo, denunciaron que muchos locales competidores de proximidad apelan al fraude laboral, registrando trabajadores bajo la modalidad part-time pero obligándolos a cumplir jornadas completas de 48 horas semanales. En el horizonte inmediato, el sector busca valerse de los alcances de la reforma laboral vigente para ganar una silla directa en las mesas paritarias que históricamente monopolizaron la CAC, CAME y UDECA.