El acelerado reordenamiento geopolítico en Sudamérica encendió las alarmas en Asia. El gobierno de la República Popular China exigió formalmente la protección de sus activos e intereses económicos en Venezuela, luego de que trascendiera que el reciente acuerdo energético alcanzado entre Caracas y Washington contempla el traspaso de campos petroleros operados por empresas estatales asiáticas a manos de corporaciones estadounidenses.
La advertencia fue emitida por el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, durante una rueda de prensa en Beijing. “Los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados”, aseveró el funcionario al responder sobre las versiones periodísticas que señalan que la administración norteamericana pasará a administrar yacimientos estratégicos en los que operaban firmas de la talla de Sinopec y China National Petroleum Corporation (CNPC).
El reclamo diplomático de Beijing
Pese a mantener un tono cauteloso y evitar una confirmación tajante sobre la pérdida de control operativo en los pozos, el portavoz chino remarcó que el gobierno asiático ha “tomado nota de las informaciones” y recordó la validez jurídica de los convenios bilaterales firmados a lo largo de las últimas dos décadas. De acuerdo con la diplomacia oriental, la cooperación económica entre ambos países está estrictamente “protegida por el derecho internacional y las leyes nacionales”, por lo que cualquier modificación vulneraría los principios de igualdad y beneficio mutuo.
Durante los años del chavismo, China se consolidó como el principal acreedor y socio energético de Venezuela, inyectando multimillonarias inversiones a cambio de envíos de crudo y concesiones de explotación. Las corporaciones CNPC y Sinopec lideraron proyectos de exploración y producción que hoy se encuentran en el centro de la disputa geopolítica entre las dos superpotencias.
Las claves del pacto petrolero entre Washington y Caracas
El foco del conflicto radica en el entendimiento anunciado entre Estados Unidos y Venezuela, mediante el cual la Casa Blanca pasará a controlar más del 20% de las reservas probadas de petróleo venezolano. El acuerdo fue sellado tras un acercamiento diplomático entre la administración del presidente Donald Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un proceso de reestructuración política iniciado tras la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero.
Según los detalles brindados por la mandataria interina tras reunirse con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, el tratado tendrá una vigencia de 25 años e implicará el desarrollo de 17 campos estratégicos. Estas áreas poseen un potencial certificado de 65.000 millones de barriles de crudo y contemplan una meta operativa orientada a superar una producción diaria de 1,5 millones de barriles.
Un nuevo mapa de poder en la región
El repliegue de las petroleras asiáticas se produce en un marco de tutela política por parte de Washington sobre el gobierno de transición venezolano. Tras más de dos décadas de distanciamiento bilateral, el restablecimiento de los vínculos diplomáticos incluye la reconfiguración del mapa de concesiones energéticas, desplazando a los socios comerciales históricos del régimen anterior.
Frente a esta avanzada, la diplomacia china busca frenar el traspaso de sus activos energéticos y garantizar que los compromisos vigentes sean respetados dentro del nuevo esquema económico. La disputa por la producción del crudo venezolano se encamina a convertirse en un nuevo frente de alta tensión entre las dos mayores economías del mundo.