Estados Unidos asumirá el control mayoritario de yacimientos petroleros venezolanos por 25 años tras un acuerdo con Delcy Rodríguez. El pacto repondrá las reservas estratégicas norteamericanas y aportará recursos financieros clave para la estabilidad del régimen chavista.
En un giro trascendental para la política hemisférica, Washington alcanzó un entendimiento con la administración venezolana para asumir la operatividad mayoritaria de yacimientos estratégicos en la cuenca del Orinoco y el lago de Maracaibo durante un cuarto de siglo. El mandatario norteamericano defendió la transacción al catalogarla como una vía directa para recomponer el stock energético de su nación, actualmente afectado por mínimos históricos y tensiones internacionales, sin que esto implique desembolsos del erario público. La gestión del ambicioso proyecto quedará bajo la órbita del Departamento de Defensa mediante la Oficina de Capital Estratégico, según reportó un análisis publicado por El País.
Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, justificó la iniciativa al proyectar ingresos multimillonarios por regalías para las arcas locales, en un contexto donde el oficialismo procura estabilizar la economía interna para preservar el control político y relegar las exigencias de una apertura democrática inmediata.
El entendimiento reconfiguró el debate internacional, despertando cuestionamientos sobre el rol de la diplomacia estadounidense en la región y la postergación de las garantías institucionales en el país caribeño. Analistas de la coyuntura regional señalan que la prioridad de la Casa Rosada norteamericana viró de la lucha contra el crimen organizado y la restauración democrática hacia la búsqueda de combustibles accesibles, un factor clave ante los inminentes comicios legislativos en el hemisferio norte.
Pese a las reticencias de las principales firmas multinacionales privadas ante los riesgos normativos, el entendimiento sella una convergencia de intereses donde la conducción chavista obtiene aire financiero frente a la presión social, mientras la administración estadounidense procura garantizar insumos estratégicos y contener las presiones inflacionarias internas.
Ante la creciente morosidad, las entidades bancarias pasaron a pérdida unos 143 mil créditos irrecuperables por $4,4 billones. Paralelamente, el sector financiero expande programas de refinanciación para reestructurar las deudas de los clientes y evitar mayores caídas en cesación de pagos.
En la cumbre del G-20 en EE. UU., el ministro Luis Caputo se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y agendó un encuentro con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afianzando el respaldo internacional al plan económico.
El candidato brasileño Flávio Bolsonaro se reunió con autoridades salvadoreñas para replicar el modelo de mano dura de Bukele. De ganar los comicios, prometió crear medio millón de plazas carcelarias, endurecer penas y tipificar al narcotráfico como terrorismo.
Estados Unidos asumirá el control mayoritario de yacimientos petroleros venezolanos por 25 años tras un acuerdo con Delcy Rodríguez. El pacto repondrá las reservas estratégicas norteamericanas y aportará recursos financieros clave para la estabilidad del régimen chavista.
La presidenta Keiko Fujimori solicitó facultades al Congreso para legislar por decreto durante 120 días ante el avance de la delincuencia. La iniciativa busca catalogar bandas como terroristas y ampliar la intervención militar tras graves episodios violentos.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, renovó el alto mando policial con la designación del comandante Adrián Álvarez. La nueva conducción asumió el compromiso de combatir de forma frontal al narcoterrorismo, la corrupción y el crimen organizado en todo el país.
Vladímir Putin y Xi Jinping se reunieron en Kirguistán durante la cumbre de la OCS para reforzar la cooperación económica, energética y logística. Ambos líderes ratificaron su sintonía geopolítica y avanzaron en acuerdos de exención de visados e infraestructura.
Brasil y Estados Unidos reanudaron las negociaciones sobre las tarifas comerciales aplicadas por Washington, tras una llamada entre Lula da Silva y Donald Trump. Aunque ministros brasileños rechazaron las medidas unilaterales, la primera reunión no logró avances concretos.
