La modificación de la Ley de Parto Respetado en la Ciudad de Buenos Aires reabrió el debate sobre la analgesia obstétrica. Un relevamiento nacional reveló que la escasez de anestesistas y la prioridad asignada a las urgencias de quirófano impiden la aplicación habitual de la peridural en los hospitales públicos del país.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una modificación a la Ley 6365 de Parto Respetado para garantizar el acceso gratuito a la anestesia peridural en el sistema de salud público. La iniciativa expuso la brecha estructural existente en la Argentina, donde el 41% de la población depende exclusivamente de la cobertura estatal y raramente accede a analgesia durante un parto vaginal.
41% de los argentinos cuenta únicamente con cobertura del sistema público de salud.
39 anestesiólogos cubren la totalidad de los hospitales públicos de la provincia de Chubut.
60% a 70% de cobertura alcanzó la maternidad más grande de Mendoza, frente al 15% registrado dos años atrás.
El obstáculo central para la aplicación sistemática de la analgesia no responde a un faltante de insumos farmacéuticos, sino a la insuficiente dotación de profesionales en anestesiología. En la mayoría de las jurisdicciones, los especialistas de guardia son destinados prioritariamente al quirófano central para atender emergencias, intervenciones quirúrgicas generales y cesáreas.
Debido a que el monitoreo de un trabajo de parto natural requiere la presencia del anestesista durante un lapso prolongado, las maternidades públicas carecen de personal exclusivo para esa tarea. En la práctica diaria, la administración del bloqueo epidural queda condicionada a la disponibilidad del médico de guardia o a situaciones médicas críticas donde el dolor impida el pujado.
El relevamiento en las provincias mostró un escenario heterogéneo donde suele priorizarse el manejo no farmacológico del dolor (masajes, movilidad y esferodinamia). Distritos como Entre Ríos, Río Negro y Neuquén reconocieron la imposibilidad de ofrecer peridural a demanda por restricciones presupuestarias y de personal, mientras que Santa Fe, Salta y Santa Cruz supeditan la práctica a la complejidad del establecimiento.
Tras la sanción de la norma, el Ministerio de Salud porteño se comprometió a ampliar la nómina de profesionales para garantizar la prestación de forma equitativa. Por su parte, provincias como Chubut comenzaron a diseñar índices de adherencia al plan de parto para evaluar la demanda real de las pacientes y reestructurar progresivamente el servicio en sus maternidades.
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