Tras el aumento de las deudas en los hogares, el oficialismo logró imponer este martes en Diputados su plan de prevención, aunque la oposición insistirá la próxima semana para aprobar por ley un alivio económico directo a los deudores.
Tras el aumento de las deudas en los hogares, el oficialismo logró imponer este martes en Diputados su plan de prevención, aunque la oposición insistirá la próxima semana para aprobar por ley un alivio económico directo a los deudores.
El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este martes el dictamen de mayoría sobre los proyectos vinculados con el endeudamiento familiar y la morosidad. El texto, respaldado por La Libertad Avanza (LLA), el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), no contempla refinanciaciones obligatorias, quitas de capital ni topes a las tasas de interés.
La iniciativa oficialista obtuvo 32 firmas, con dos adhesiones en disidencia. La oposición, en cambio, avanzó con dos dictámenes separados: uno reunió 27 apoyos y otro fue firmado por representantes de Argentina Federal.
El resultado no garantiza que el proyecto del Gobierno consiga los votos necesarios en el recinto. Los bloques opositores evalúan convocar a una sesión especial, aunque todavía existen diferencias sobre si hacerlo el 7 o el 14 de octubre.
El dictamen de LLA concentra su propuesta en mejorar la información que reciben los consumidores antes de asumir un crédito. Entre otras medidas, plantea que las entidades detalled las tasas, los costos financieros y los impuestos incluidos en cada operación.
También incorpora herramientas de educación financiera y digital, mecanismos para controlar la cartera de préstamos y la posibilidad de cambiar de proveedor mediante la portabilidad del crédito.
Para los créditos otorgados a través de plataformas digitales, el texto exige una doble validación de identidad y aceptación. Además, establece que el silencio o las opciones preseleccionadas no podrán interpretarse como consentimiento y que las condiciones contractuales deberán entregarse de inmediato en formato digital.
La diputada de LLA Silvana Giudici defendió el proyecto y cuestionó las alternativas opositoras. Según sostuvo, los topes a las tasas, los plazos obligatorios y las condonaciones podrían reducir la oferta de crédito.
Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un dictamen conjunto. La propuesta declara la emergencia por sobreendeudamiento durante 180 días y crea un régimen especial para personas que cumplan determinadas condiciones.
Podrán acceder quienes al 31 de agosto de 2026 tuvieran una mora de 60 días o más, o quienes estuvieran al día pero destinaran más del 30% de los ingresos mensuales del grupo familiar al pago de créditos de consumo. El capital total adeudado no podrá superar el equivalente a dos Canastas Básicas Totales del Hogar 2, según el último dato disponible del INDEC.
El esquema prevé suspender ejecuciones y embargos, eliminar los intereses punitorios para quienes ya ingresaron en mora y establecer cuotas de hasta 12 meses que no superen el 30% de los ingresos del deudor o de su grupo familiar.
La refinanciación se calcularía con base en la tasa TAMAR más 25 puntos porcentuales sobre el costo financiero total. El texto también contempla la cancelación anticipada sin sanciones.
Argentina Federal presentó una iniciativa propia. El proyecto declara la emergencia social y económica por un año, con posibilidad de prorrogarla durante otro período, y fija límites para los intereses cobrados por bancos, emisoras de tarjetas y otros prestadores de crédito para consumo.
Además, crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a quienes utilizan al menos el 30% de sus ingresos netos para pagar cuotas, débitos o retenciones, siempre que perciban hasta 10 salarios mínimos.
La propuesta incluye refinanciaciones con una tasa nominal anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y ausencia de comisiones administrativas. También suspende ejecuciones y nuevos embargos vinculados con las deudas negociadas.
El debate expuso dos criterios contrapuestos: el oficialismo apuesta por la prevención y transparencia, mientras la oposición busca intervenir sobre las deudas ya acumuladas. La definición dependerá ahora de los bloques que todavía no fijaron una posición definitiva y de la fecha en que finalmente se convoque al recinto.
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