Granja Tres Arroyos confirmó 1.250 despidos tras fracasar la conciliación obligatoria. Mientras la avícola enfrenta el concurso preventivo por deudas multimillonarias, la Justicia congeló cuentas empresarias por casi 30 millones de dólares para investigar el destino de los fondos.
El conflicto productivo y financiero que rodea a Granja Tres Arroyos, que supo erigirse como la compañía líder del rubro avícola en el país, tocó su punto más crítico. Tras agotarse los plazos legales de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades laborales bonaerenses, las conversaciones entre los directivos y la representación sindical concluyeron sin acuerdo. Con este escenario, la conducción empresaria ratificó la desvinculación definitiva de 1.250 empleados, distribuidos en sus establecimientos industriales ubicados en Capitán Sarmiento (700 despidos), Esteban Echeverría (500 cesantías en la planta de la ex Cresta Roja) y Pilar (50 desafectaciones). Desde la patronal argumentan que el drástico recorte responde a la imperiosa necesidad de reestructurar la escala operativa frente al desplome de la producción y garantizar la supervivencia del grupo en el mercado.
La decisión empresaria se da en paralelo al trámite de concurso preventivo de acreedores iniciado por el holding familiar conducido por Joaquín De Grazia. En los expedientes presentados ante la Justicia comercial, la firma justificó su estrangulamiento financiero en un combo de factores macroeconómicos: la caída del consumo interno, la competencia de pollo importado desde Brasil, los coletazos de la gripe aviar de 2023 en los mercados de exportación y el salto en los costos operativos de energía y logística. En total, el conglomerado corporativo —que integra a las firmas Wade, Avex y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA)— reconoció un pasivo multimillonario que supera ampliamente los 126.000 millones de pesos en cheques rechazados.
A la par de las cesantías masivas, el frente judicial sumó capítulos de extrema tensión. El titular del Juzgado Comercial N° 21, Germán Páez Castañeda, ordenó congelar 13,5 millones de dólares que la firma mantenía en el Banco de Comercio, al tiempo que intimó a los directivos a fundamentar la existencia de otra cuenta en Eurobanco con casi 16 millones de dólares. El magistrado exige que la avícola aclare por qué registra divisas líquidas por casi 30 millones de dólares en el sistema financiero mientras alega no contar con fondos suficientes para cubrir cuatro meses de salarios atrasados y el medio aguinaldo de las plantillas de operarios.
La situación patrimonial de la compañía se volvió aún más compleja debido a las acciones libradas por los acreedores privados. El Juzgado Comercial N° 24 decretó la inhibición general de bienes y trabó un embargo por 605 millones de pesos contra Granja Tres Arroyos, a raíz de una demanda ejecutiva impulsada por el Banco Credicoop por el saldo descubierto de una cuenta corriente. Mientras tanto, la definición sobre qué fuero conducirá el proceso concursal general sigue trabada en la Cámara de Apelaciones por una disputa de competencia entre tribunales, lo que dilata la designación de los síndicos contables que deberán auditar la deuda real de la firma.
La falta de certezas judiciales genera una profunda angustia entre los cientos de operarios que quedaron sin su fuente de trabajo. Durante las últimas jornadas, columnas de trabajadores se movilizaron a las puertas de los tribunales comerciales porteños para exigir que los créditos laborales y los salarios adeudados sean catalogados como prioridad absoluta dentro del concurso preventivo. El estancamiento burocrático impide determinar los plazos en los que se liquidarán los montos adeudados, congelando los expedientes a la espera de la unificación de las causas.
En el plano indemnizatorio, la estrategia del sector gremial apunta a mitigar el impacto del encuadre legal que pretende aplicar la compañía. Las estimaciones sindicales indican que la dirección de la avícola buscará liquidar las desvinculaciones mediante el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, una figura que contempla el pago de apenas la mitad de la indemnización ordinaria argumentando fuerza mayor o reducción no imputable del trabajo. Con las plantas paralizadas y el tendido de acreedores reclamando fondos, el destino de una de las marcas emblemáticas del sector agroalimentario nacional queda sujeto a una compleja ingeniería financiera y judicial.
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