El Gobierno convoca a una “mega sesión” para blindar el DNU 70 y cede con la Ley de Tierras

Para desactivar la embestida opositora, el oficialismo abrirá el recinto el 21 de octubre. En un giro estratégico, aceptará restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros e incluirá nuevos proyectos sobre morosidad y discapacidad.

Martín Menem. Foto: NA.

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocará a una sesión maratónica para el próximo 21 de octubre con el objetivo táctico de desactivar la embestida opositora programada para el día 15. En una maniobra diseñada para evitar la caída del DNU 70/23, La Libertad Avanza aceptó retroceder en normativas sensibles y propondrá debatir un temario que incluye la restitución de los límites a la extranjerización de tierras, una nueva ley de discapacidad, un proyecto sobre endeudamiento familiar y la cuestión Malvinas.

Para asegurar el respaldo de los bloques dialoguistas —el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales—, el Gobierno acordó derogar el artículo 152 del mega decreto, lo que dejará nuevamente vigente el tope del 15% para la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros. El tratamiento de este punto comenzará el miércoles 14, un día antes de la amenaza opositora, en un plenario de comisiones. Allí, los libertarios anexarán la regulación de tierras como un capítulo dentro de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La estrategia es la última barrera del oficialismo para salvar el núcleo del DNU 70. Desde el Gobierno advierten que una derogación total de la norma generaría un caos administrativo y procesal, dado que el decreto es la base jurídica actual de desregulaciones centrales en el comercio, el mercado laboral, la salud y el sector aéreo.

Durante la sesión del 21, que fuentes libertarias anticipan como “la más larga de la historia con 22 horas de piso mínimo”, también se tratará el proyecto oficialista sobre morosidad. Alineado con la postura de la Casa Rosada de abordar el endeudamiento como un “tema entre privados”, el dictamen descarta cualquier tipo de tope a las tasas de interés o subsidios estatales. La normativa se centrará en planes de educación financiera e incorpora estrictos requisitos para los créditos otorgados a través de plataformas digitales, obligando a una doble validación de identidad.

Esta propuesta choca frontalmente con el dictamen de minoría impulsado por el peronismo y la Coalición Cívica, quienes proponen declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema compulsivo de refinanciamiento para las deudas familiares.

El último gran eje del temario representa un giro rotundo en la política de previsión social. Tras negociar con sus aliados legislativos, La Libertad Avanza eliminará las reformas en el área de discapacidad que había incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. En su lugar, llevarán al recinto un nuevo texto consensuado que asegura la continuidad de las pensiones no contributivas con actualizaciones atadas a la inflación.

El nuevo proyecto incluye además una de las demandas principales de los bloques opositores: la pensión por discapacidad será plenamente compatible con el empleo registrado, siempre que la remuneración del beneficiario no supere el equivalente a dos salarios mínimos. Con estas concesiones, el oficialismo busca dejar sin argumentos el intento de la oposición de prorrogar por un año la Emergencia en Discapacidad.

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