Autoridades y familias del colegio Thomas Edison de Ituzaingó denunciaron este jueves a cuatro alumnos por editar y difundir imágenes sexuales de sus compañeras mediante inteligencia artificial. La Fiscalía de Morón investiga si el material fue comercializado.
Una nueva denuncia por violencia digital en el ámbito escolar encendió las alarmas en el conurbano bonaerense. Cuatro estudiantes de cuarto año del Colegio Thomas Alva Edison, en Ituzaingó, quedaron bajo investigación judicial acusados de utilizar herramientas de inteligencia artificial para alterar fotografías de sus compañeras, desnudarlas digitalmente y difundir el material en redes de mensajería.
La investigación tramita en la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Pablo Cabrejas. La causa se inició a partir de dos presentaciones formales: la primera realizada por la madre de una de las afectadas en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, y la segunda impulsada por el propio director del establecimiento educativo, Rodrigo Herrera.
Según consta en el expediente, la maniobra se descubrió cuando una adolescente de 15 años comenzó a recibir mensajes de acoso desde números desconocidos. Quienes la contactaban afirmaban haber obtenido su contacto en un grupo de Telegram. Al ingresar al enlace remitido, la joven constató la existencia de imágenes pornográficas creadas a partir de fotos extraídas de su perfil personal de Instagram.
Posteriormente, uno de los involucrados admitió haber manipulado los archivos digitales mediante algoritmos de inteligencia artificial. Entre las potenciales víctimas identificadas hay alumnas de entre 15 y 16 años y se investiga la inclusión de imágenes pertenecientes a una niña de 7 años, estudiante del nivel primario de la misma institución.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del colegio suspendieron la asistencia presencial de los cuatro alumnos señalados e iniciaron un abordaje pedagógico.
A través de un comunicado interno enviado a las familias, la dirección definió la situación como un escenario de conflicto que requiere unificar criterios y reforzar las pautas de cuidado sobre la privacidad y la integridad estudiantil.
El texto institucional precisó que el problema se detectó inicialmente en cuarto año, pero que durante las indagaciones preliminares aparecieron elementos que involucrarían a estudiantes de otros cursos. Por este motivo, el colegio convocó a reuniones obligatorias con los distintos niveles para informar sobre lo ocurrido y fijar pautas comunes de convivencia digital.
Paralelamente, la Justicia busca determinar la responsabilidad individual de cada implicado y el alcance real de la distribución de los archivos. Una de las hipótesis principales analiza si el material fue comercializado en internet, luego de que trascendiera que la maniobra incluía el cobro de dinero a terceros para acceder a los contenidos editados.
El caso en Ituzaingó se suma a un episodio de características similares ocurrido en un colegio de Lomas de Zamora, consolidando una tendencia que preocupa a las comunidades educativas. Aunque la Argentina cuenta con la Ley 27.736 para la prevención de la violencia digital, la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial por parte de menores no posee aún una figura penal específica en el código de fondo.
Por esa razón, la fiscalía encuadró preventivamente las actuaciones dentro del artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción, financiamiento, oferta, comercio, publicación y divulgación de material de explotación o abuso sexual infantil. La escala penal aplicable dependerá de los peritajes informáticos sobre los dispositivos secuestrados.
El avance vertiginoso de las herramientas de inteligencia artificial de acceso libre para la alteración digital expone los límites de las normas vigentes y la efectividad de las pautas de supervisión en el entorno escolar. Resta determinar si los mecanismos institucionales y las herramientas judiciales actuales resultan suficientes para contener y sancionar este tipo de conductas en la era digital.
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