Tribunal del Mar fijó audiencias por el petróleo en Malvinas: qué piden Argentina y gran bretaña

El conflicto por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo clave en la arena judicial internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), con sede en Hamburgo, fijó el 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas para las audiencias orales en el marco de la solicitud de medidas provisionales impulsada por Argentina contra el Reino Unido. La medida, firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, pone en marcha un acelerado reloj procesal para decidir si se frena temporalmente el proyecto de extracción petrolera “Sea Lion”, ubicado en la cuenca norte del archipiélago.

La citación judicial —registrada bajo el caso número 37— fue formalizada exactamente una semana después de que el gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, presentara formalmente el pedido de freno ante el organismo el pasado 13 de octubre. Las audiencias serán públicas, se celebrarán en la sala principal del tribunal y contarán con transmisión en vivo a través de internet. Allí, los jueces deberán evaluar de forma preliminar si el ITLOS tiene jurisdicción prima facie sobre el caso, si la urgencia justifica la intervención cautelar y si las medidas solicitadas por Buenos Aires son proporcionales a la situación.

El petitorio argentino y la estrategia ambiental

El escrito presentado por la representación argentina, estructurado en 49 páginas y respaldado por la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, expone una serie de requerimientos claros. En concreto, Argentina exige que se le ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, abstenerse de usar la información obtenida durante la exploración, cesar todo impedimento sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales y no otorgar nuevas licencias hidrocarburíferas mientras dure el arbitraje de fondo.

Para sortear el complejo debate sobre la soberanía territorial —que excedería las competencias inmediatas del ITLOS—, la estrategia diplomática del Gobierno se sostiene sobre el pilar ambiental. El argumento central radica en que la protección del medio marino es una obligación aplicable a todos los Estados y trasciende a quién ejerza la titularidad del territorio, permitiendo así que el tribunal intervenga sin pronunciarse sobre la soberanía de las islas.

Para sustentar la urgencia de la medida provisional, el escrito cita documentos elaborados por las propias operadoras de la licencia petrolera. El dato más contundente aportado por la Cancillería se extrae del Plan de Contingencia presentado por la empresa Premier Oil ante las autoridades isleñas, el cual advierte que “existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días” en caso de un derrame, cifra que asciende a una probabilidad del 100% en tan solo 14 días si se tratara de crudo liviano. Además, la presentación argentina cuestionó la capacidad técnica de las empresas a cargo de la perforación —Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— al afirmar que carecen de experiencia previa en la producción costa afuera.

La advertencia “contundente” de Londres

La respuesta británica frente a la avanzada judicial de Milei operó de inmediato en varios frentes simultáneos. Si bien el gobierno del Reino Unido confirmó su participación en el proceso arbitral y admitió a través de la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, que acataría una orden de cumplimiento del ITLOS, también se encargó de trazar límites tajantes.

“La notificación no constituye una sentencia de un tribunal internacional. No invalida las licencias emitidas ni exige que cesen las actividades de desarrollo de hidrocarburos”, expresó Kumaran en la Cámara de los Comunes. En paralelo a estas declaraciones, la Cancillería británica y el Departamento de Negocios y Comercio activaron la ley de Protección de Intereses Comerciales, una norma pensada para bloquear la aplicación extraterritorial de regulaciones extranjeras sobre empresas inglesas.

Al respecto, el canciller británico, Ed Miliband, calificó de “inaceptables” los intentos del gobierno argentino de “intimidar a empresas e individuos”, y ratificó el apoyo “inquebrantable” a las islas. Kumaran cerró su exposición con una amenaza directa sobre los futuros movimientos de Argentina en el tablero geopolítico: “Estamos preparados para tomar medidas adicionales. Serán legales, proporcionales y, se lo aseguro, serán contundentes”.

Mientras las empresas proyectan el arribo de la plataforma de perforación para inicios de 2027, el próximo enfrentamiento clave se dará en la sala de audiencias en Hamburgo, donde los jueces definirán si frenan una industria multimillonaria a solo millas de las Islas Malvinas. Como dato de color procesal, el panel de magistrados contará con la presencia de la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, flamante vicepresidenta del tribunal desde octubre de 2026, ya que el estatuto del organismo no prevé la recusación automática por motivos de nacionalidad.